Quiere salir de Chile porque tiene los documentos
vencidos y el costo de vida se ha vuelto inalcanzable para sus modestos
ingresos. Pero la mujer, nacida en el estado venezolano de Zulia, nunca imaginó
sentirse tratada como “un perro”.
“Muchas madres ahí, con niños, con gripe, fiebre, con
diarrea, con vómitos constantes, deshidratados, sin poder comer un buen almuerzo,
sin bañarnos”, describió con amargura a The Associated Press la mujer de 45
años y cuya hija estudiaba en una universidad chilena.
Entonces pensó en voz alta y buscó un motivo para la
actitud de las autoridades migratorias de ambos países. “A lo mejor ellos
tienen esa conducta porque hay venezolanos que a lo mejor han hecho mal, pero
no podemos generalizar... hay personas honestas, trabajadoras, que salimos a
dar el todo por el todo, no todos salimos a dejar mal parado a Venezuela”,
dijo.
Las declaraciones de Morales se produjeron mientras Perú
analiza con Chile y Ecuador la posibilidad de crear un corredor humanitario
para los cientos de migrantes venezolanos, colombianos y haitianos varados
desde hace dos semanas en la línea de la frontera chilena-peruana.
Periodistas de The Associated Press presenciaron que
antes del mediodía funcionarios migratorios peruanos llevaron a poco más de
medio centenar de mujeres y hombres extranjeros con hijos pequeños hasta la
oficina peruana de Santa Rosa, donde se iba a examinar cada caso de forma
individual para decidir si entran o no a territorio peruano.
Un funcionario peruano, que no dio su nombre por no estar
autorizado para declarar, dijo por teléfono a la AP que en la oficina peruana
de Santa Rosa, se encontró el caso de un padre de familia migrante que tenía
una orden de captura en Chile por lo cual fue detenido por las autoridades
chilena que trabajan en la oficina peruana debido a un convenio de control
integrado desde 2017.
El ministro del Interior chileno subrogante, Manuel
Monsalve, anunció el viernes que el gobierno instalará puntos de atención del
Registro Civil en la zona para enrolar a los inmigrantes irregulares que
quieran salir del país y que se pueda “registrar su huella, su rostro y su
nombre”.
Enfatizó que corresponde al gobierno garantizar que
“tampoco estén saliendo de Chile personas que han cometido delitos”.
Las personas varadas en la frontera carecen de
documentos, razón por la que Perú no permite su ingreso a su territorio.
Monsalve agregó que se busca resolver la actual crisis
migratoria en su frontera con Perú y crear un corredor humanitario “para las
personas que quieren salir” de Chile para “volver a su país”.
El ministro y otras autoridades viajaron a Arica para
buscar resolver la situación. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria
de la Fuente, declaró que prosigue un diálogo “fructífero” con Perú para crear
el corredor humanitario, aéreo o terrestre, pero no precisó la fecha en que se
realizará.
Enfatizó que para concretar el corredor “se requiere la
voluntad de otros países, particularmente de aquellos lugares donde quieren
volver”, dijo en alusión a Venezuela, de donde provienen la mayoría.
El ministro del Interior peruano Vicente Romero dijo a la
radio local RPP que se examina la posibilidad de abrir “albergues temporales”
de tal manera que poco a poco las personas que desean regresar a su país, una
vez que ya se establezca este corredor humanitario, se les va a llevar como
debe ser”.
Los migrantes que no pueden avanzar a Perú enfrentan el
clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más áridos
del planeta, con calor durante el día y frío intenso por la noche. Algunos
improvisaron carpas con mantas, pero carecen de agua y servicios básicos.
Perú reforzó la vigilancia de su frontera con Chile con
390 policías y en una segunda línea de apoyo se ubicó a 300 soldados.
Las razones por las que los inmigrantes indocumentados
dejan Chile son variadas, entre ellas el alza del costo de vida, la falta de
empleo y las dificultades para arrendar una vivienda por falta de documentos,
según el Servicio Jesuita a Migrantes, organización chilena que protege los
derechos de los migrantes.
A lo anterior se sumó un instructivo de la Fiscalía
Nacional chilena del 10 de abril que ordena pedir la prisión preventiva de
chilenos y extranjeros detenidos por algún delito y que no pueden acreditar su
nacionalidad con un documento chileno.
El instructivo fue emitido pocas horas después del
asesinato de un policía chileno presuntamente por cuatro venezolanos
indocumentados. El último de ellos fue detenido la víspera en el norte de
Chile.
Tanto en Perú como en Chile los legisladores buscan
endurecer el trato a los migrantes.
Una comisión de diputados chilenos aprobó esta semana un
proyecto que busca tipificar como delito la inmigración irregular y que propone
penas de cárcel desde 61 a 541 días. Ahora será tramitado en el pleno de la
cámara baja y luego en el Senado.
En Perú, el legislador José Jerí, del partido Somos Perú, propuso la víspera un proyecto de ley para encarcelar por hasta 10 años a los extranjeros que ingresen de forma ilegal, mientras el legislador ultraderechista de Renovación Popular, Jorge Montoya, pidió “proteger legalmente” al personal de control fronterizo peruano para, si es necesario, “disparar” a los migrantes. El miércoles la mandataria peruana Dina Boluarte responsabilizó a los migrantes, sin ninguna distinción, de cometer “actos delincuenciales” en el país.
