EFE
Lima,
Perú
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) llegó
este domingo a Perú, escoltado por policías, extraditado desde Estados Unidos para
ser juzgado por el proceso abierto en su contra por presuntos sobornos
millonarios de la empresa Odebrecht para adjudicarse la construcción de dos
tramos de la carretera Interoceánica sur.
Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo
comercial,
procedente de Los Ángeles, en medio de la expectación de las autoridades
peruanas y la prensa local que lo espera en, a donde será trasladado para una
audiencia de reconocimiento de identidad
El exmandatario bajó de la nave esposado,
después de ser entregado por alguaciles de Estados Unidos a los agentes de la
Policía Nacional del Perú, y conducido a la Dirección de Aviación Policial
(DIPA) aledaña al aeropuerto Jorge Chávez.
La
Policía Nacional confirmó que en
el arribo de Toledo estuvo presente el comandante general de la Policía
Nacional, general Jorge Angulo, junto al alto mando policial
para garantizar la seguridad del expresidente como parte del proceso de extradición.
La
fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, y el jefe de Cooperación
Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza,
ingresaron a la Dirección de Aviación Policial para constatar la entrega de Toledo a
las autoridades de Perú, según informó la prensa local.
En
ese ambiente, Toledo también será examinado por médicos legistas, antes de ser
entregado formalmente al Poder Judicial para la diligencia de control de
identidad.
Tras
su evaluación por Medicina Legal y su audiencia ante un juez, Toledo será presumiblemente conducido
por las autoridades penitenciarias al penal de Barbadillo, en
el distrito de Ate, donde están recluidos los exmandatarios Alberto Fujimori
(1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).
Reclamado
por la Justicia peruana desde 2017, el
fundador del partido Perú Posible está imputado por haber recibido
supuestamente unos 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht,
tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de la Ruta
Interoceánica Sur que conecta Perú con Brasil.
La
Fiscalía peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por
la concesión de los tramos 2 y 3 de esta carretera; 35 años por el tramo 4, y
16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el Caso Ecoteva.
En
marzo de este año, el
Ministerio Público también pidió la expropiación de los bienes inmuebles del
otrora jefe del Ejecutivo peruano y su entorno familiar.
El
político popularmente conocido como "El Cholo" ha agotado todos los
recursos y figuras jurídicas disponibles para evitar su extradición y
permanecer en régimen de arresto domiciliario.
El miércoles pasado, el juez federal Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó que se entregara para ejecutar su extradición a Perú, a la cual había dado luz verde dos meses antes el Departamento de Estado de EE.UU.
