La primera fue la abogada
Laura Acosta quien dijo que el domingo se presentaron pruebas de que su
defendido salió con deudas por 5 mil millones pesos al terminar su gestión
pública
Santo
Domingo, RD
En el
transcurso de la maratónica audiencia de conocimiento de medida de coerción del
caso Calamar, la
defensa del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Gonzalo Castillo, tomó un tiempo para comparecer ante
la jueza del primer juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya
Romero.
Luego de
hacer uso de la palabra, los tres abogados que componen la defensa del también
exministro de Obras Públicas y Comunicaciones salieron de la sala de audiencias
y tomaron turnos para hablar con los medios de comunicación.
La primera fue la abogada Laura Acosta quien dijo que el domingo se
presentaron pruebas de que su defendido salió con deudas por 5 mil
millones pesos al terminar su gestión pública.
“Presentamos
cómo entró Gonzalo con deudas por 40 millones de dólares y sale con deudas por
5 mil millones, un funcionario público al que no se le puede atribuir haberse
enriquecido ilícitamente porque lo que hizo en la función pública fue
endeudarse”, dijo la abogada.
Uno de los
elementos de prueba que sometió la barra de la defensa de Castillo fue un vídeo
mostrando la imposibilidad de ingreso de una camioneta F150 al parqueo
soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo, con lo que aseguran pueden
desmontar el testimonio de uno de los implicados que dijo haber ingresado
con grandes cantidades de dinero para entregárselas al anterior
candidato presidencial del PLD.
“El
Ministerio Público dice que un chofer declaró entrar en una camioneta F150 al
parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo y nosotros presentamos un
video de una camioneta F150 intentando entrar al parqueo y no entra. O sea que
es una cuestión material: es imposible que una camioneta F150 entre en el
parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo. Está mintiendo el testigo del
Ministerio Público evidentemente porque a él no le cuadra y quiere tirarle
encima todo el dinero que él reconoce que cogió, se lo quiere tirar encima a
Gonzalo”, señaló Acosta.
Otra de las cosas que cuestionó es el relato de unos camiones
blindados, que
supuestamente llevaban dinero en grandes cantidades.
“No tiene
que ver con Gonzalo Castillo, el Ministerio Público alega que esos camiones van
a un inmueble que este Ministerio Público que investiga tanto y tan bien nunca
ha averiguado de quién es esa casa”, añadió la jurista.
Laura Acosta dijo que pidieron la libertad pura y simple de su defendido. Y que en caso de que la magistrada
considerare que fuera necesaria alguna medida de coerción, le pidieron que sea
colocada impedimento de salida.
“Presentamos
todas las matriculas de las aeronaves de la empresa de la que es socio y
entregamos el pasaporte original y le dijimos no procede la prisión pero si
usted entiende que procede, las medidas menos gravosas aseguraran su presencia
en el proceso…demostramos que no va a salir corriendo de la República
Dominicana para sustraerse al proceso en el que él, el día que fue arrestado
fue al Ministerio Público, habló con el Ministerio Público, nos fuimos y
regresamos 2 horas después con un bultico. Una persona que se quiere ir del
país no regresa con un bultico teniendo 37 aeronaves a su disposición”,
agregó la profesional del derecho.
Después, el
abogado Nassef Perdomo expresó que personas que colaboraron con el Ministerio
Público dijeron cosas "distintas e incompatibles" con los
señalamientos que realiza el órgano acusador a su cliente.
Perdomo
señaló que esta declaración de 10 de los encartados en este caso genera un
problema para el Ministerio Público, debido a que son incompatibles con la
documentación de más de 2 mil páginas que presentó la Procuraduría Especializada
de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De igual
forma, explicó que la barra de la defensa de Castillo desmontó sistemáticamente
todas las pretensiones del Ministerio Público, al tiempo de asegurar
que su cliente no representa peligro de fuga.
“Gonzalo
tiene décadas trabajando, todas sus empresas están en República Dominicana, en
los últimos 2 años, sabiendo que estaba siendo investigado, salió del país en
dos ocasiones y en ambas ocasiones pidió permiso al Ministerio Público, de modo
que no hay peligro de fuga”, indicó Perdomo, al tiempo que agregó que el
Ministerio Público sostiene que todo este entramado fue con el objeto de
facilitarle a Gonzalo tener éxito en su campaña preelectoral y electoral, por
lo que no entienden por qué está acusado.
Mientras que
el otro de los abogados manifestó las declaraciones de varios de los implicados
han favorecido a su cliente.
“Hay uno de ellos específicamente que a nosotros nos beneficia, nos encantó esas declaraciones y fue
un señor que declaró que, en el 2015, cuando Gonzalo ni pensaba ser candidato,
ya él había ido a una oficina y lo pusieron a firmar unos documentos y dijo que
había ido a la oficina del señor Lockward, pero nunca mencionaron ninguna de
esas 10 personas a Gonzalo", expresó Luis Rivas.
Rivas agregó
que la persona que hizo esas declaraciones fue Marcial Reyes, quien de acuerdo
con las autoridades se asoció con la supuesta estructura de corrupción para
estafar al Estado dominicano, reclamando el pago de una porción terreno del
Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de
personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para
ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas
millonarias del dinero público a favor del exministro de Hacienda, Donald
Guerrero.
"Lo
importante aquí es que, con la audiencia de hoy (domingo), se desmorona la
teoría del Ministerio Público", exclamó Rivas.
Castillo es
imputado como una de las principales cabezas del caso Calamar, que la Procuraduría
tenía bajo investigación los últimos dos años. Este domingo, en el conocimiento
de la medida de coerción contra los 20 implicados, además de las defensas de
Gonzalo Castillo, presentaron sus alegatos de defensa las del exministro de
Hacienda, Donald Guerrero y el exministro administrativo de la Presidencia,
José Ramón Peralta.
El pasado
viernes Ángel Lockward y Roberto Santiago Moquete Ortiz, así como Alejandro
Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José
Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez
Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero, llegaron a un
acuerdo con el Ministerio Público de cooperar y admitir los hechos que se le
atribuye.
La audiencia
fue recesada alrededor de las 10:30 de la noche del domingo para el lunes a las
10:00 de la mañana, con tres implicados pendientes por testificar; de acuerdo
con varios de los abogados, la intención es que mañana la jueza Romero indique cuál
será su decisión con relación a las medidas de coerción que otorgará.
