El
incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se desató la
noche del lunes.
El
personal a cargo de un centro de detención donde murieron 39 migrantes durante
un incendio en
la mexicana Ciudad Juárez no hizo nada para evacuarlos, aseguró este miércoles
la Fiscalía General, que investiga a ocho personas por presunto homicidio.
El incendio en la
estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se desató la noche del lunes
luego de que un grupo de migrantes prendió
fuego a colchones en protesta por su posible deportación, según las
autoridades.
Varios
de ellos habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez (fronteriza con
Estados Unidos), donde pedían dinero, vendían chucherías o limpiaban vidrios de
vehículos a cambio de monedas.
"Ninguno
de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron
alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se
encontraban adentro ya con el fuego", dijo en rueda de prensa Sara Irene
Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.
Ocho
personas han sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión,
señaló en la misma conferencia la secretaria de Seguridad, Rosa Icela
Rodríguez. Se trata de dos agentes federales y un agente estatal del INM, así
como de cinco miembros de una empresa de seguridad privada.
La
fiscal dijo que este miércoles se pedirá a los jueces cuatro órdenes de captura
e indicó que se investiga el hecho como "homicidio".
Los
sospechosos "ya están rindiendo sus declaraciones" ante la Fiscalía,
agregó.
La
secretaria de Seguridad ajustó de 38 a 39 el número de fallecidos. También
reportó 27 lesionados, de los cuales seis están "sumamente graves",
diez en estado "grave" y nueve "delicados".
Pero
por segundo día consecutivo, las autoridades seguían sin detallar las
nacionalidades de las víctimas, avivando la angustia de familiares y amigos en
Ciudad Juárez.
Solo
han informado que en la estación se hallaban ciudadanos de Guatemala,
Venezuela, El Salvador, Honduras, Ecuador y Colombia, aunque el gobierno
ecuatoriano aclaró que no había nacionales suyos en el lugar.
No
habrá "impunidad"
A
la investigación fue incorporado un video de vigilancia, informó la fiscal.
Esta grabación, de 32 segundos, muestra el momento en que inician las llamas,
sin que aparentemente los encargados abrieran lo que parece ser la celda
donde mantenían detenidos a los migrantes.
Esas
imágenes centran la discusión sobre la posible responsabilidad del gobierno,
del que depende el INM.
"No
vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad", garantizó este miércoles
temprano el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante su
conferencia de prensa diaria.
El
mandatario izquierdista intenta desmarcarse de actuaciones de gobiernos anteriores
que enfrentaron graves casos de violación de derechos humanos, como la
desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014, de los
cuales solo han sido identificados los restos de tres.
"No
hay ningún propósito de ocultar los hechos (...), de proteger a nadie, no se
permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos ni se permite la
impunidad", aseguró López Obrador.
Por
su parte, Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, tildó de
"desgarrador" el video y abrió la posibilidad de que algunos heridos
reciban atención médica en Estados Unidos.
En
tanto, el gobierno salvadoreño exigió castigo para los encargados de la
estación.
"¿Cómo
es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres
humanos sin posibilidad de escapar del incendio?", cuestionó de su lado Erika
Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Angustia
La
organización denunció que la catástrofe es "consecuencia de las
restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de
México y Estados Unidos".
Los migrantes consideran
que esas medidas dificultan cada vez más la posibilidad de llegar a Estados
Unidos para escapar de la violencia y la pobreza extrema en sus países.
"Buscar
refugio es un derecho humano y no un asunto policial", se lee en un
pancarta colgada en la reja del INM en Ciudad Juárez, cuya fachada permanece
manchada de hollín.
Allí,
decenas de migrantes viven
la angustia de no saber si sus familiares o amigos están entre los muertos o
heridos en la tragedia, que puso de relieve el duro trato que reciben esas
personas en su camino a Estados Unidos.
"Es
lo que queremos saber, si estaban allá adentro o no", dijo a la AFP el
venezolano Gilbert Zabaleta, quien busca a sus amigos Daniel y Óscar.
Lo
último que supo de ellos fue que el lunes los condujeron en un vehículo del INM
rumbo al centro de detención.
"Creemos
que estaban adentro", comentó Zabaleta, con el rostro lacerado por las
bajas temperaturas.
Un
informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que
desde 2014 unas 4.400 personas han muerto o desaparecido en la frontera entre
México y Estados Unidos, de 3.180 km.
El
presidente estadounidense, Joe Biden, endureció la política migratoria,
obligando a los migrantes de
Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití a pedir asilo desde los países por
los que transitan o a gestionar citas en línea.
El
mandatario demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido
el control de la frontera, con más de 4,5 millones de personas sin papeles
interceptadas en esa región desde que asumió el cargo.
