AP
México
Cuando
empezó a salir humo de un centro de detención de migrantes en la ciudad
fronteriza de Ciudad Juárez, México, la migrante venezolana Viangly Infante
Padrón quedó aterrorizada porque sabía que su esposo seguía dentro.
El padre
de sus tres hijos había sido detenido ese día por agentes de inmigración,
dentro de una reciente operación donde fueron detenidos otros 67 migrantes,
muchos de los cuales pedían limosna o lavaban ventanas de autos en semáforos de
la ciudad, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.
En
momentos de conmoción y espanto, Infante Padrón recordó cómo vio a los agentes
de inmigración salir corriendo del edificio cuando comenzó el fuego el lunes
por la noche. Más tarde sacaron los cuerpos de migrantes en camillas, envueltos
en mantas de emergencia. El resultado: 39 muertos y cerca de una treintena de
heridos graves, víctimas de un incendio al parecer provocado como protesta por
los propios detenidos. El secretario de gobierno del estado de Chihuahua,
Santiago de la Peña, informó del último fallecido el miércoles.
“Estaba
desesperada porque veía un cadáver, un cuerpo, un cadáver, y no lo veía por
ninguna parte”, explicó Infante Padrón. Finalmente, su esposo, Eduard Caraballo
López, sobrevivió con lesiones leves, quizá porque iba a ser liberado y estaba
cerca de una puerta.
Pero lo
que ella vio en esos primeros minutos se ha convertido en el centro de una
pregunta que se hacen muchos en México: ¿Por qué las autoridades no intentaron
liberar a los hombres —casi todos de Guatemala, Honduras, Venezuela y El
Salvador— antes de que el humo llenara la sala y matara a tantos?
“Había
humo por todas partes. Dejaron salir a las mujeres y a los empleados de
inmigración”, explicó Infante Padrón. “A los hombres nunca los sacaron hasta
que llegaron los bomberos”.
Infante
Padrón señaló que, dado que sólo los agentes tenían la llave, era su
responsabilidad abrir las puertas y salvar esas vidas, sin importar que las
personas que estaban dentro pudieran huir.
Las
autoridades de inmigración dijeron haber liberado a 15 mujeres cuando se
declaró el incendio, pero no han explicado por qué no se liberó a ningún
hombre.
El
miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tanto agentes de
migración como guardias de seguridad de una empresa privada estaban presentes
en las instalaciones. Agregó que cualquier delito, irregularidad o ineficiencia
será castigada.
El papa
Francisco ofreció una oración por las víctimas del “trágico incendio” al final
de su audiencia general del miércoles.
Las
imágenes de los videos de seguridad filtrados el martes muestran a migrantes,
que al parecer temían ser trasladados, colocando colchonetas de espuma contra
las barras de su celda y prendiéndoles fuego.
En el
video, más tarde confirmado por el gobierno, dos personas vestidas de guardias
entran corriendo en la escena y al menos un migrante aparece junto a la puerta
de metal al otro lado. Pero los guardias no parecen hacer ningún esfuerzo por
abrir las puertas de las celdas y en su lugar huyen mientras las nubes de humo
llenan la instalación en cuestión de segundos.
“¿En qué
humanidad vivimos? ¿Qué humanidad hemos construido? Muerte, muerte, muerte”,
expresó el obispo José Guadalupe Torres Campos en una misa celebrada en memoria
de los migrantes.
“El
grito, el clamor de todos es basta”, dijo. “Basta de tanto dolor, basta de
tanta muerte.”
El
Instituto Nacional de Migración (INM), que gestionaba el recinto, dijo estar
cooperando con la investigación. Guatemala ya ha dicho que muchas de las
víctimas eran ciudadanos suyos, pero la identificación completa de los muertos
y heridos no se ha completado.
Las
autoridades estadounidenses se han ofrecido a ayudar a atender a algunas de las
28 personas en estado grave, al parecer la mayoría por inhalación de humo.
Para
muchos, la tragedia era el resultado previsible de una larga serie de
decisiones tomadas por líderes en lugares como Venezuela y Centroamérica, por
responsables de inmigración en México y Estados Unidos, y hasta de los residentes
de Ciudad Juárez que se quejan del número de migrantes que piden limosna en las
esquinas de la ciudad.
“Se veía
venir”, sentenció el martes en un comunicado la Red de Casas de Migrantes y
Centros de Derechos Humanos, que agrupa a más de 30 organizaciones. “La
política migratoria de México mata”.
Ese mismo
grupo publicó el 9 de marzo una carta abierta en la que denunciaba la
criminalización de los migrantes y solicitantes de asilo en Ciudad Juárez. La
misiva acusaba a las autoridades de maltratar a los migrantes y emplear una
fuerza excesiva en las detenciones, y en concreto denunciaba que la policía
municipal había interrogado a gente en la calle sobre su situación migratoria
sin motivo.
El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció sus condolencias el
martes, pero no dio muchas esperanzas de cambio.
El
incendio, señaló, fue iniciado por migrantes en protestas tras saber que serían
deportados o trasladados.
El
activista Irineo Mujica dijo que los migrantes temían ser enviados de vuelta,
no necesariamente a sus países de origen sino al sur de México, desde donde
habrían tenido que cruzar el país de nuevo. Los activistas, señaló, habían
advertido del riesgo de enviar a tanta gente de nuevo al sur.
“Esto ya
lo habíamos visto venir. Habíamos dicho que el número de personas que se
estaban llevando, el número de personas que estaban en ese lugar estaba creando
una bomba de tiempo. Hoy estalló esa bomba de tiempo”, señaló Mujica.
Los
migrantes se habían quedado varados en Ciudad Juárez porque la política
estadounidense de inmigración no les permite cruzar la frontera para solicitar
asilo. Pero fueron detenidos porque residentes de Ciudad Juárez estaban hartos
de tener a los migrantes bloqueando los pasos fronterizos o pidiendo dinero.
El alto
nivel de frustración en la ciudad se hizo evidente este mes cuando cientos de
migrantes, la mayoría venezolanos, trataron de abrirse paso por uno de los
puentes fronterizos a El Paso, después de que circularan rumores falsos sobre
que Estados Unidos les permitiría entrar en el país. Las autoridades estadounidenses
les cortaron el paso.
Después
de eso, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, inició campañas para
informar a los migrantes de que había espacio en los refugios y no tenían que
mendigar en las calles. Instó a los vecinos a no darles dinero y dijo que las
autoridades los sacarían de los cruces donde era peligroso mendigar y los
vecinos lo veían como una molestia.
El
miércoles, el alcalde dijo a la AP que su oficina no había recibido ninguna
denuncia de abusos a migrantes en el centro de detención y se desvinculó de
cualquier responsabilidad en lo ocurrido.
“El
municipio no tiene absolutamente nada que ver con estas instalaciones”, afirmó,
tras indicar que todo el peso de la ley debe caer “contra aquellas personas
que, por ejemplo, no le abrieron a los migrantes”.
Para los
migrantes, el incendio es una tragedia más en un largo sendero de lágrimas.
Unos 100
migrantes se congregaron el martes ante las puertas del centro de detención
para exigir información sobre sus familiares. En muchos casos, hacían la misma
pregunta que se hace México.
Katiuska
Márquez, venezolana de 23 años que viaja con sus hijos de cuatro y dos años,
buscaba a su hermano, Orlando Maldonado, que viajaba con ella.
“Queremos saber si está vivo o está muerto”, dijo. Se preguntó cómo era posible que todos los guardias que estaban en el recinto hubieran salido con vida y sólo murieran migrantes. “¿Cómo no pudieron sacarlos?”.
