Santo Domingo, RD.-En varias ocasiones, el Ministerio Público ha asegurado que investiga al expresidente Danilo Medina por su supuesta vinculación en actos de corrupción administrativa.
Aunque en sus declaraciones a la opinión pública,
el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y la fiscal Mirna Ortiz, no
han ofrecido mayores detalles de esta investigación, al menos esta última
informó, en mayo del año pasado, que no habían encontrado elementos
suficientes que vinculen al exmandatario en acciones fuera de la ley.
A
pesar de esto, en al menos tres casos de corrupción administrativa, presentados
por el Pepca desde el 2020 a la fecha, el nombre de Danilo Medina ha salido a relucir.
Estos casos tienen
la particularidad que involucran a personas con vínculos de sangre o muy buenos
amigos del expresidente y que, a medida que han surgido los casos, los
señalamientos contra el exmandatario han sido más contundentes.
El primero de los
señalamientos se hizo en la acusación a los involucrados en el caso Antipulpo,
donde el principal implicado es el hermano del exmandatario, Juan Aleix Medina Sánchez
De acuerdo a
Ministerio Público, este hombre tuvo un “ilícito
crecimiento económico”, gracias a que se apoyó en su
condición de hermano del presidente de la República y en el escudo del poder
irradiado desde el gobierno.
Señalan que sin ser
empresario, ni un emprendedor exitoso, logró un alto ascenso económico gracias a las “acciones y omisiones del
principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, quien
gobernó al país desde el 2012-2016 y 2016-2020.
El nombre del
exmandatario fue contabilizado en
más de 50 oportunidades en este expediente.
Asimismo, al
presentar, el año pasado, la acusación formal contra los implicados en el caso
Medusa, donde el principal implicado es Jean Alain Rodriguez el Ministerio
Público estableció que el exprocurador General de la Republica, recibió apoyo
incondicional de Danilo Medina.
Indicaron que
Rodríguez tuvo la oportunidad que cualquier
“criminal de cuello blanco” quisiera acceder: poder,
informaciones privilegiadas, mecanismos de investigación sofisticados, un gran
presupuesto, una partida económica millonaria y en especial el “apoyo sin
condición del primer ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”.
Uno de los ejemplos
que presenta el Pepca, de este apoyo en el expediente, fue que en agosto de
2018 el exprocurador solicitó dinero para la construcción de nuevos centros de
corrección, la ampliación, construcción y redistribución de los centros de
atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal y las
ampliaciones de los nuevos modelos penitenciarios, lo que fue autorizado por
Danilo Medina a través de una nota manuscrita donde decía: “Ministro Santana, Proceder con esta
solicitud, firma: DM”.
“A pesar de que el
Procurador General de la República no tener planificación ni estructura para
realizar un proyecto de tal magnitud, tal era la alianza que existía entre el
entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que un presupuesto
de más de diez mil millones de pesos, decide su aprobación y ejecución con una
simple nota, sin estudio, ni ponderación, como si el patrimonio del Estado
fuera parte sus propiedades lo que evidencia el poco respecto por la finanza
pública”, dice el expediente.
En este caso, el
nombre de Danilo Medina
sale a relucir en al menos 19 ocasiones.
El último
señalamiento del Ministerio Público se evidencia en el denominado caso Calamar que
tiene como principales implicados a los exministros Gonzalo Castillo, Donald
Guerrero y José Ramón Peralta.
Plantean, en la
solicitud de orden de allanamiento de este caso, que en 2019, antes de las
elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo
Medina convocó a una reunión en su despacho en el Palacio Nacional, a varios
miembros de alto nivel de su equipo, a quienes les instruyó para que buscaran
dinero para las campañas políticas del 2019 (internas del PLD) y generales de
2020, a “sabienda de que esa búsqueda era ilícita”
Entre los presentes
se encontraban Donald
Guerrero, José
Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagan entre otros.
En esta solicitud
de orden de allanamiento, el Ministerio Público detalla que algunos de los apresados
por este caso adquirieron dinero para la campaña, creando cubicaciones falsas de obras a
través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y
entregándoselas al ingeniero Bolívar Ventura. Este a su vez devolvía el dinero
entregado por la obra que no se construía.
“Los investigados
Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que
se refiere esta imputación, de coalición para distraer del Estado los referidos
RD$527,694,838.00”, dice la orden de allanamiento.
Como fruto de la
operación Calamar, el Ministerio Público ha realizado unos 40 allanamientos,
apresando hasta el momento a 19 personas, que son: el exministro de Hacienda,
Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta;
exministro de Obras Públicas Gonzalo
Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar
Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector
de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y
Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández y el abogado Ángel
Lockward .
Asimismo, Roberto
Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes,
Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Al grupo se les
acusa de asociación de malhechores, desfalco,
coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados,
soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado
de activos, entre otros.
Este supuesto entramado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras. Por: Yudelka Domínguez, para listín diario
