Milo
Milfort / EFE
Puerto
Principe, Haití
La
situación se deteriora aún más en Haití y la violencia se recrudece estos días
a causa de la reanudación de la guerra entre bandas armadas que luchan por
controlar el territorio de un país sumido en el caos y donde los asesinatos,
los secuestros y las violaciones se han convertido en algo habitual.
El terror
que siembran estos grupos armados ha provocado el cierre de escuelas y la huida
de cientos de personas que viven en barrios plagados de enfrentamientos, ante
la impotencia de las autoridades y la Policía.
Unos
1.500 desplazados han instalado un nuevo campamento de refugiados en Post
Marchands, a pocos kilómetros del Palacio Nacional en Puerto Príncipe, no lejos
de los distritos en guerra, y allí viven en condiciones infrahumanas.
Mientras,
las miles de personas que han decidido permanecer en sus hogares en esos
barrios carecen de suministros básicos como agua, servicios sanitarios o
seguridad.
SE MULTIPLICAN LOS SECUESTROS
Además,
no pasa un día últimamente sin secuestros, una situación que afecta a todos los
sectores, desde médicos y funcionarios a estudiantes, padres de familias y
trabajadores de empresas privadas.
"Hemos
notado cierta tendencia al alza en comparación con el último trimestre de 2022,
cuando se produjo un descenso debido al régimen de sanciones impuesto por la
comunidad internacional" a sectores que financiaban a las bandas, dice en
una entrevista con EFE Gédéon Jean, responsable de CARDH, la ONG que documenta
los casos de secuestro en Haití.
Explica
que esta tendencia al alza se debería a que los grupos violentos necesitan
fondos al haber disminuido sus ingresos a raíz de esas sanciones.
"Incluso las bandas que no se dedicaban al secuestro han empezado a
cometerlos. Lo hacen para ganar dinero y poder seguir viviendo en la
opulencia", para continuar existiendo, añade.
LOS BARRIOS POPULARES, ESCENARIO DE LA GUERRA DE BANDAS
Los
grupos armados se enfrentan en Bélair, Rue Saint-Martin y Solino. Todos ellos
barrios populares situados en la parte baja de la capital y rehenes de las
bandas que controlan casi toda la zona metropolitana de Puerto Príncipe.
En estas
batallas, las coaliciones armadas G9 -dirigida por el expolicía Jimmy
Cherisier, alias Barbacoa, y que controla casi toda la región de Puerto
Príncipe- y GPEP, liderada por Ti Gabriel, luchan por hacerse con más
territorio.
De
acuerdo con un balance provisional de la ONG Reseau National de Defense des
Droits Humains, al menos 70 personas han muerto y más de 50 han desaparecido en
los últimos días. Además, cientos de casas han sido quemadas,
Según Gédéon Jean, la gran mayoría de las víctimas son miembros de bandas
armadas, aunque también habría civiles.
Al
parecer, la guerra en estas zonas surgió porque G9 quería utilizar Solino y
Delmas 24, hasta ahora barrios pacíficos, como zonas de paso con sus
secuestrados, pero fueron violentamente repelidos por los policías que viven
allí.
LAS ESCUELAS FUNCIONAN A CÁMARA LENTA
Las
escuelas son uno de los sectores más afectados por la creciente inseguridad y
varias han decidido cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. A las que aún
funcionan los alumnos no acuden debido a la violencia.
Marguerite
Clerié, presidenta de la Asociación Profesional de Escuelas Privadas, dijo este
martes en una emisora que todos los colegios se ven muy afectados,
directa o indirectamente, por la "catastrófica situación de miedo y
desesperación" y denunció a falta de voluntad de los gobernantes para
permitir que los niños se eduquen en un clima favorable.
"Todos
los niños de Haití viven en una situación de guerra, pero nosotros no estamos
en Ucrania. Esto hace que estén estresados y no se interesen demasiado por la
escuela", alertó.
Mientras
tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública pide a la Policía que tome
todas las medidas necesarias para "proteger la vida y la propiedad",
como estipula la ley, y que intensifique sus acciones contra "los
bandidos, secuestradores y asesinos que siembran el dolor y el miedo entre la
población".
En un
comunicado, este departamento recuerda a los ciudadanos que, si son objeto de
violencia en sus casas, la ley les permite defenderse y les advierte de que,
"cuando alguien colabora con las bandas, ayudándolas por cualquier medio a
cometer sus actos, correrá la misma suerte que ellas".
