PNUMA/Lisa Murray Un niño recoge agua de una cuenca rehabilitada en el estado meridional sudanés Nilo Blanco.
“Considerar
el agua como una mercancía o una oportunidad de negocio dejará atrás a aquellos
que no pueden acceder o permitirse los precios del mercado”, han asegurado
varios expertos* de la ONU en derechos humanos en una declaración emitida un
día antes de que comience la Consferencia sobre el Agua 2023 en Nueva
York.
Para los
relatores, la mercantilización del agua desbaratará la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el número 6, dedicado al acceso
universal al agua limpia y el saneamiento.
Además, “obstaculizará
los esfuerzos para resolver la crisis mundial del agua, ya agravada por la
triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de naturaleza y
biodiversidad, y la contaminación tóxica, que afecta a la vida y la salud de
miles de millones de personas en todo el mundo”.
Los
expertos señalan que, como se mencionaba en una reciente carta abierta del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los Estados
miembros, la Conferencia sobre el Agua es una “oportunidad única en la vida”
para abordar las causas profundas de esta crisis que afecta actualmente a 2000
millones de personas sin acceso garantizado al agua potable y más de 4000
millones sin saneamiento básico.
“Nuestra
esperanza es que la Conferencia sobre el Agua sea el comienzo de una
colaboración genuina y a largo plazo para acelerar la implementación del
Objetivo número 6 y promover y proteger los derechos humanos”, aseguraron.
Interdependencia de los derechos
Los
expertos también han declarado que los derechos humanos y el derecho al
agua y al saneamiento son indivisibles e interdependientes, y vitales
para alcanzar un nivel de vida adecuado.
“Ya se
trate de la seguridad física de las mujeres y las niñas, de la discriminación
contra los pueblos indígenas, los campesinos o las minorías, o de los derechos
humanos a la salud, a una vivienda adecuada, a un medio ambiente limpio,
saludable y sostenible, a la educación y muchos otros, todos están íntimamente
relacionados con el agua y el saneamiento”, explican.
Por
primera vez en casi 50 años, las Naciones Unidas convocan una conferencia de
tres días en Nueva York para analizar la situación mundial del agua y el
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la
Agenda 2030.
“Acogemos
con satisfacción los esfuerzos de la ONU, los Estados, los titulares de
derechos y otras partes interesadas de todo el mundo para reunirse en Nueva
York y avanzar en la agenda mundial del agua”, aseguran.
Sin
embargo, el progreso en el Objetivo número 6, “sólo puede ocurrir de manera
efectiva si las comunidades y sus derechos humanos están en el centro
de las discusiones, especialmente escuchando las voces de aquellos que
sufren discriminación, marginación, pobreza y situaciones de vulnerabilidad”.
Basta de tecnocracia
Para los
expertos, la Conferencia es una oportunidad para escuchar y
comprometerse con los defensores de los derechos humanos, en particular los
defensores de los derechos del agua, y otros titulares de derechos.
“En lugar
de restringir la libertad de expresión y asociación de los defensores de los
derechos humanos y los derechos al agua, e incluso criminalizarlos, es hora de
garantizar su participación significativa, especialmente para las mujeres y los
jóvenes defensores de los derechos humanos, en todos los debates y en cualquier
resultado y mecanismos de gobernanza del agua a nivel internacional, nacional y
local”.
En este
contexto, han explicado, se necesitan marcos sólidos de acceso público
a la información para fomentar la transparencia, la participación y la
rendición de cuentas.
Los
expertos han hecho un llamamiento para poner fin a un enfoque
tecnocrático del agua y tener en cuenta “las ideas, los conocimientos
y las soluciones de los pueblos indígenas, los campesinos y las comunidades
locales que entienden los ecosistemas acuáticos locales para garantizar la
sostenibilidad de la agenda 2030”.
*Los
expertos: Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al
agua potable y al saneamiento; Marcos Orellana, relator especial sobre las
sustancias tóxicas y los derechos humanos; Olivier De Schutter, relator
especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; David R. Boyd,
relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Ian Fry,
relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el
contexto del cambio climático; Reem Alsalem, relator especial sobre la
violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Tlaleng
Mofokeng, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental; José Francisco Cali Tzay, Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Balakrishan Rajagopal,
relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Clément Nyaletsossi
Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y
de asociación; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la
alimentación; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos; Irene Khan, relatora especial de la ONU
para la libertad de opinión y de expresión; Fernand de Varennes, relator
especial sobre cuestiones de las minorías; Dorothy Estrada Tanck (presidenta),
Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti,
del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las
niñas.
Los
Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte
de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos
Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos
independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general
de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que
se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en
todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales
trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario
por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y
prestan sus servicios a título individual.
