EUROPA
PRESS
MADRID
La
plataforma Safety of Journalists, asociada al Consejo de Europa, ha denunciado que las cárceles de los países
europeos albergaban un total de 127 periodistas a finales del pasado año 2022, donde
destacan los 52 profesionales presos en Turquía y el español Pablo González en
Polonia, preso desde hace ya más de un año en el marco de la guerra en Ucrania.
La
plataforma ha publicado este martes un informe titulado "Guerra en Europa y la pelea por el
derecho a informar" que, si bien está centrado en la
situación derivada por la guerra en Ucrania, alberga recomendaciones para el
conjunto de países miembro del organismo y también para las instituciones de la
Unión Europea.
Así pues,
además de los 52 periodistas detenidos en Turquía --el país que más
profesionales de la información mantiene presos--, el informe también incide en
los 32 detenidos en Bielorrusia, 22 en Rusia y otros 14 en territorio
ucraniano. En el caso de Polonia solo se tiene constancia de un periodista
preso, el español González.
"A lo largo de 2022, la plataforma publicó 289
alertas sobre amenazas graves o ataques a la libertad de prensa en 37 Estados, con periodistas asesinados,
encarcelados, atacados, hostigados legalmente y sometidos a campañas de
difamación", añade el organismo.
Así, la
plataforma ha informado de que a lo largo del pasado año registró un total de
74 alertas sobre ataques a la integridad física de periodistas, el 26 por
ciento de las alertas totales. Tras esto, el segundo motivo son las 94 alertas
por casos de hostigamiento e intimidación, el 32 por ciento del total.
En las
recomendaciones para el propio Consejo de Europa, el informe incide en la
necesidad de aplicar una serie de "protecciones
legales y prácticas para la seguridad de los periodistas y la protección del
periodismo", centradas principalmente en enfoques
dirigidos a "erradicar la impunidad".
Asimismo,
se considera primordial elaborar un inventario del estado de los medios de
comunicación de servicio público de los Estados miembro del Consejo de Europa
para así poner negro sobre blanco "si
tiene autonomía editorial e institucional y si su financiación es estable,
adecuada y transparente".
Para los
Estados miembro, el informe también aboga por implementar "medidas efectivas de protección" para
aquellos profesionales que sean objeto de amenazas físicas y para quienes
sufran abusos por parte de las autoridades, así como revisar y aplicar las
políticas sobre Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP,
por sus siglas en inglés), normalmente encaminadas a silenciar a periodistas.
En tercer
lugar, Safety of Journalists ha recomendado a las instituciones de la Unión
Europea asegurarse de la adopción de la Ley Europa de Libertad de Medios,
poniendo la mirada especialmente en erradicar las injerencias externas, la
protección de la independencia editorial y la transparencia de las estructuras
de propiedad.
"Asegurarse
de que el borrador pendiente de la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea sea
amplio y sólido, y hacer de la adopción de una legislación eficaz una
prioridad", añade la plataforma en unas conclusiones donde además pide a
la Comisión Europea "promover y dar visibilidad" a las medidas
positivas adoptadas por los Estados miembro.
En las recomendaciones
finales para las instituciones de la UE, Safety of Journalists ha hecho mención
especial al programa 'Pegasus', un sistema israelí de espionaje instalado en
dispositivos móviles y capaces de leer mensajes de texto, rastrear llamadas,
almacenar contraseñas y rastrear ubicaciones
La
plataforma ha instado a los Estados miembro de la UE a investigar "a
fondo" todos los informes sobre que 'Pegasus' haya servido para vigilar a
periodistas, a la par que ha exigido "proporcionar remedio" para los
afectados.
Guerra en ucrania
Respecto
a la guerra en Ucrania, el informe denuncia que al menos una docena de
periodistas y trabajadores de medios de comunicación han fallecido, mientras
que otros 21 han resultado heridos en el desempeño de sus funciones profesionales.
En su
valoración del informe, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija
Pejcinovic Buric, ha resaltado que "muchos periodistas han demostrado
coraje", y que muchos otros han incluso "pagado con sus vidas el derecho a informar tras la agresión de
Rusia a Ucrania".
Además de
los profesionales de la comunicación fallecidos en el marco de la guerra, la
organización también ha incidido en las legislaciones aprobadas para regular
las informaciones periodísticas en Rusia, donde ahora comunicar sobre la guerra
en Ucrania debe cumplir con una serie de requisitos fijados desde el Kremlin.
De hecho,
la difusión sobre información considerada como falsa por parte de las
autoridades rusas puede ser penada con hasta 15 años de prisión. Hasta la
fecha, al menos 17 periodistas enfrentan cargos bajo esta nueva legislación.
Por su parte, quienes "desacrediten" al Ejército, se enfrentan a
hasta ocho años de prisión.
De
acuerdo con la organización OVD-Info, especializada en la defensa de Derechos
Humanos y en combatir la persecución política en Rusia, al menos 27 medios de
comunicación tuvieron que cesar su actividad, de forma definitiva o temporal,
tras el estallido de la guerra.
Por otro
lado, las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter,
permanecen bloqueadas; mientras que Meta --matriz de las dos primeras-- fue
considera como organización terrorista y extremista el pasado mes de octubre
