Roberto Villanueva Distribución de comida en uno de los comedores sociales del barrio de Chorrillos, en Lima, Perú
El
contexto de sucesivas crisis internacionales, incluida la guerra en Ucrania,
están poniendo en peligro el acceso de América Latina y el Caribe a los
alimentos y a los insumos claves para la agricultura regional, según un
nuevo informe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
“Los
impactos de la guerra en Ucrania sobre los sectores productivos deben
entenderse en el contexto de las diversas crisis que han afectado la economía
mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera de 2008, las tensiones
comerciales entre los Estados Unidos y China y, desde 2020, la pandemia de COVID-19”, afirma el estudio del
organismo.
Del mismo
modo, alerta que la prolongación de estas crisis, donde coinciden varias
amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo
ponen en peligro la seguridad alimentaria, sino que también podrían conducir a
retrocesos regionales y mundiales en materia de pobreza, desigualdad, acción
climática y desarrollo sostenible.
“Las
alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a
los países exportadores como a los importadores netos de alimentos. Además,
la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados en la agricultura. Una
reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la
seguridad alimentaria debido a una menor fertilización se sumaría a los efectos
dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable”, señaló
el secretario ejecutivo de la Comisión, José Manuel Salazar-Xirinachs.
Los tres
organismos llamaron a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de
protección social y extender su alcance al área rural en respuesta al triple
desafío que supone el combate a la inseguridad alimentaria, el aumento de la
pobreza extrema, y el apoyo a la producción de alimentos en la región.
El
documento añade que la inflación en el sector alimentario aumenta el riesgo de
problemas de acceso a una dieta saludable, a la inseguridad alimentaria y al
hambre ya que afecta de forma más pronunciada a los hogares con menores
ingresos.
“Los
precios de los alimentos han aumentado más que la inflación general en la
región desde fines de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020.
El índice de precios de los alimentos a nivel regional a 12 meses alcanzó un
11,7% en septiembre de 2022, frente a un 7,1% en el caso de la inflación
general”, alerta el estudio.
Más hambre durante el trienio
2019-2021
El
subdirector general y representante regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, recordó que “el hambre aumentó en la región en
un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de
fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto
negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población
rural, y en el acceso a una dieta saludable”.
Mario
Lubetkin añadió que, “si bien el índice de precios de los alimentos bajó en los
últimos 7 meses, su nivel aún se mantiene 14% más alto en comparación
al 2021. El fortalecimiento de los sistemas de protección social en
las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y
eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y
fertilizantes serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual
crisis”.
FAO
A más protección social, menos
vulnerabilidad
El
informe también destaca la necesidad de reforzar el papel activo que tienen los
sistemas de protección social, incluyendo los programas nacionales de
alimentación escolar, para evitar que los segmentos más vulnerables de la
población, como los niños y los ancianos, se vean irreversiblemente afectados
por el alza de precios de los alimentos.
“En un
escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más
vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis
se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de
protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel
fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y
después de las crisis”, indicó Lola Castro, directora regional del PMA para América Latina y el
Caribe.
Finalmente,
el estudio destaca la necesidad de garantizar el acceso de los pequeños
productores a los fertilizantes y biofertilizantes, con la condición de
focalizarlo “en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la
mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y de la sostenibilidad de la
actividad agropecuaria”.
La financiación de esas iniciativas no solo debe formar parte de los presupuestos públicos, sino también incluir a los bancos de desarrollo, la banca privada y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales, agrega el análisis. Fuente ONU
