AP
Nicaragua
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró el martes en “desacato
permanente” al Estado de Nicaragua por incumplir resoluciones del tribunal
respecto de 46 opositores presos por razones políticas en el país.
La medida
de la Corte IDH consta en una resolución de medidas provisionales emitida en
San José, Costa Rica, donde tiene su sede.
El
organismo interamericano reprocha “la efectiva inobservancia” por parte de
Nicaragua de lo ordenado, según detalla en su pronunciamiento, en las resoluciones
de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4
de octubre de 2022.
Ese
comportamiento contradice “el principio internacional de acatar sus
obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar
al Tribunal”, lo cual coloca “en una situación de desprotección absoluta” e
incrementa “la situación de riesgo” de los detenidos, agregó.
La
oposición nicaragüense y organismos humanitarios han cifrado en 219 los “presos
políticos” que hay en Nicaragua. De ellos, 46 reos de conciencia son defendidos
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió a la Corte
IDH el pasado 9 de noviembre que declarase al país en “desacato” en una sesión
del tribunal en la que el gobierno de Daniel Ortega volvió a ausentarse.
La
mayoría de esos 46 presos están recluidos en la cárcel policial conocida como
El Chipote en Managua desde hace más de un año.
En su
pronunciamiento del martes, la Corte IDH también instruyó al presidente del
tribunal para que informe al Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos (OEA), además, sobre la “desprotección absoluta en que se encuentran
los beneficiarios de las medidas provisionales”.
Urgió al
Consejo Permanente de la OEA para que “dé seguimiento al incumplimiento de las
medidas provisionales” por parte de Nicaragua, según la resolución que fue
notificada ya al Estado de Nicaragua, a la CIDH, a los representantes de los
beneficiarios y a las autoridades de la OEA.
A la
sesión del 9 de noviembre sí asistieron algunos familiares de opositores
presos, como el ex aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, el
periodista Miguel Mendoza, el sociólogo Irving Larios y la defensora de
derechos humanos Evelyn Pinto, que expresaron “preocupación” por su salud y por
“su deterioro físico y psicológico”.
Según
Wendy Flores, abogada del Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al
menos 38 de los 50 presos que están en El Chipote tienen enfermedades agravadas
por el encarcelamiento. La mayoría de los detenidos fueron condenados por
“terrorismo” y “conspiración”, en juicios “arbitrarios” donde los mismos
policías fueron utilizados como “testigos”, añadió.
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con una serie de protestas sociales en abril de 2018. La revuelta fue sofocada por policías y paramilitares sandinistas con un saldo de 355 muertos, más de 2,000 heridos, 1,600 detenidos y al menos 100,000 exiliados, en su mayoría refugiados en la vecina Costa Rica.
