AP
Estados
Unidos
El
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se enfrenta a
crecientes peticiones, incluso por parte del gobierno del presidente Joe Biden,
para que se lleve a cabo una investigación externa sobre posibles faltas de
ética por su relación íntima con una de sus subordinadas.
El propio
inspector general de la OEA, con sede en Washington, dijo en un memorando esta
semana que lo mejor para la organización es contratar a una firma externa para
que investigue las denuncias de que el secretario general Luis Almagro pudo
haber violado el código interno de ética.
La
recomendación del inspector general se basó en un reporte de The Associated
Press que descubrió que Almagro mantenía una relación con una empleada mexicana
que fue descrita, incluso en el sitio web de la organización, como “asesora
principal” del secretario general.
El
inspector general dijo que el informe de AP siguió a una denuncia anónima y
vagamente detallada enviada a su oficina por el propio Almagro el 3 de junio.
El código
de ética de la organización creada para la consolidación de la paz y la
democracia en América prohíbe a sus directivos supervisar o participar en las
decisiones que benefician a las personas con las que tienen una relación
sentimental.
La
propuesta de contratar una firma externa para que investigara el comportamiento
de Almagro se analizará el miércoles durante la próxima reunión del Consejo
Permanente de la OEA, de 34 miembros.
Estados
Unidos, que este año ha contribuido con cerca de la mitad de los 100 millones
de dólares en fondos de la organización, ya ha expresado su apoyo a una
investigación externa antes de la reunión.
“Tomamos
estas acusaciones en serio”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a
la AP en un correo electrónico. Agregó que cualquier violación a las normas de
ética de la OEA “debe ser investigada de manera justa e imparcial por una
entidad adecuada de investigación externa”.
Sin
embargo, al menos cuatro miembros de la organización —la Uruguay natal de
Almagro, Antigua y Barbuda, Belice y Santa Lucía— han respaldado públicamente
proyectos de resolución que plantean dudas sobre el costo de una investigación
externa, en momentos en que el organismo hemisférico de 600 empleados está bajo
presiones para recortar sus gastos.
Su punto
de referencia es una investigación reciente sobre denuncias de conductas
inapropiadas similares contra el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, quien fue acusado de tener una relación de
larga data con su jefa de gabinete. La investigación de meses realizada por el
bufete de abogados estadounidense Davis Polk determinó que Claver-Carone había
violado las reglas de ética al favorecer a la asistente, allanando el camino
para la destitución del presidente.
Las
repetidas solicitudes de comentarios de Almagro sobre la posibilidad de una
investigación externa, enviadas a la oficina de prensa del secretario general,
no fueron respondidas.
Pero a
diferencia de Claver-Carone, quien negó haber tenido alguna vez una relación
con su ayudante, Almagro sólo ha dicho que nunca supervisó a la empleada y que
no participó en ninguna decisión relacionada con empleos, como autorizar
aumentos salariales. Anteriormente, prometió cooperar plenamente con cualquier
investigación realizada por la máxima autoridad de supervisión de la
organización.
Almagro
también enfrenta críticas en otros asuntos administrativos.
Esta
semana, México criticó a Almagro por supuestamente traicionar los deseos de los
miembros de la OEA al renovar el contrato de la ombudsman de la OEA, Neida
Pérez, días antes de que se aprobara en la reunión anual de la organización un
plan debatido hace mucho tiempo para implementar un proceso abierto y
competitivo para el puesto de liderazgo.
En
septiembre, Almagro extendió unilateralmente el contrato de Pérez por cuatro
años y México se quejó de que era un intento de adelantarse a esos nuevos
procedimientos.
Durante
una reunión sobre asuntos administrativos el 1 de noviembre, la delegación de
México dijo en una declaración escrita que “desafortunadamente”, este no es un
acto aislado, sino que forma parte de un patrón de conducta que desconoce la
voluntad de los Estados y viola las instituciones de la OEA.
Pérez,
cuyo contrato expiraba el 21 de octubre, dos semanas después de que se
adoptaran los nuevos procedimientos, fue reprendida recientemente por el panel
de revisión superior de la OEA por descuidar su deber de servir como árbitro
imparcial de disputas laborales.
Esa
reprimenda fue en respuesta al papel de Pérez que facilitó la destitución del
jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Almagro en 2020, un
organismo administrado de forma independiente. El propio secretario ejecutivo
de la comisión enfrentaba quejas en el lugar de trabajo, pero contaba con el
apoyo unánime de los siete comisionados del organismo de control.
Almagro,
de 59 años, fue elegido presidente de la OEA en 2015 con un apoyo casi unánime
después de haber servido como canciller en el gobierno de izquierda de Uruguay,
pero una vez instalado en Washington, hizo causa común con Estados Unidos al
oponerse a los líderes izquierdistas en Cuba y Venezuela. Incluso una vez se
hizo eco de la línea del presidente Donald J. Trump de que no descartaría el
uso de la fuerza militar para destituir al presidente venezolano, Nicolás
Maduro.
Almagro
fue reelegido en 2020 con el apoyo de 23 de los 34 estados miembros. Más
recientemente, a medida que la izquierda ha recuperado el poder en América
Latina, han ido aumentando los llamados que piden su destitución.
El mes pasado, miembros del Grupo de Puebla —una organización de expresidentes y líderes políticos de 16 países— emitieron un comunicado pidiendo la destitución de Almagro, criticando su despido “amoral” del secretario del organismo de control de derechos y su intervención luego de elecciones desordenadas en Bolivia que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales y su reemplazo por un gobierno conservador respaldado por Estados Unidos.
