Dice liderazgo político debe
priorizar democracia y desarrollo del sistema electoral dominicano
Santo
Domingo, RD.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés
Jáquez Liranzo, recordó que el país se encuentra en un importante y necesario
proceso de reforma a su marco jurídico electoral, el que calificó como un
componente neurálgico para el desarrollo y la sostenibilidad de la democracia.
Este
razonamiento lo hizo durante su conferencia “La necesidad de la reforma
electoral: aspectos relevantes” en el marco del XIX Congreso Latinoamericano
que se llevó a cabo desde el 8 al 10 de julio en el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX).
Jáquez
Liranzo señaló que es urgente que la aprobación de las propuestas de
modificación a las leyes electorales, ya que resultan ser primordiales para el
diseño de un sistema electoral que permita la realización de elecciones
conforme los parámetros internacionales de buenas prácticas.
“Estamos
conscientes que las reformas electorales son decisiones políticas, pero el
liderazgo que las decide debe entender y priorizar la democracia y el
desarrollo de su sistema electoral por encima de individualidades coyunturales,
porque la reforma que se necesita no es de parches, es de futuro e integral”,
añadió el presidente de la JCE.
Manifestó
que unas “elecciones inclusivas, limpias y competitivas requieren de un marco
jurídico adecuado y que sea la consecuencia de un amplio consenso de los
actores políticos.
Enfatizó
que se debe dejar claro que el tiempo se agota para que se puedan llevar a cabo
estas necesarias reformas.
“Entendemos
que la próxima legislatura es el tiempo límite razonable para que el Congreso
Nacional lleve a buen puerto lo que se ha propuesto. Para ello hay insumos
suficientes con la propuesta de la JCE y de los trabajos del Consejo Económico
y Social (CES) a través de la mesa de reforma electoral donde la máxima
autoridad administrativa electoral tuvo un papel de principalía como
co-coordinadora y anfitriona bajo la representación del magistrado Chami Isa”,
expresó Jáquez Liranzo.
JCE presentó, socializó y entregó a tiempo las propuestas
Recordó
que la JCE, como máxima autoridad en materia de administración y organización
de los procesos electorales, presentó y entregó a las organizaciones políticas,
sociedad civil, y posteriormente al Congreso Nacional la propuesta de
modificación de más de 120 artículos de las leyes 15-19 de Régimen Electoral y
33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.
“Estas
propuestas que hemos presentado resultan ser un abordaje integral del sistema
electoral. No se trata de un mero antojo, sino la derivación lógica de un
trabajo de investigación, estudio y diagnóstico de ambas normas por parte de un
grupo de profesionales de la JCE con años de experiencia en la materia bajo la
supervisión del magistrado Samir Rafael Chami Isa”, dijo.
En
esta conferencia el presidente de la Junta se centró en abordar algunos
aspectos que contempla la propuesta presentada por el órgano electoral, como lo
relativo a la temporalidad de las precampañas y campañas, así como los topes de
gasto de precampaña y campaña de las precandidaturas y candidaturas.
“La
propuesta es establecer un periodo de precampaña media de 60 días oponible a
las precandidaturas de todas las organizaciones políticas, indistintamente del
método de selección interna que elijan y la obligación a cargo de la
administración electoral de iniciar la campaña electoral a más tardar 70 días
antes de la fecha en que deba celebrarse la elección correspondiente”, explicó
ante los participantes del evento que reunió a expositores locales e
internacionales.
Recordó
que en octubre del 2021 la JCE emitió la resolución 028-2021 mediante la cual
reguló, ante el vacío legal, el periodo previo al inicio de la precampaña
estableciendo de manera clara cuales actos están prohibidos antes del inicio
formal de la precampaña.
Dijo
que con eso se busca que haya equidad en los procesos venideros, destacando que
“la lógica es simple, entre más largo es el periodo permitido para realizar
actividades orientadas hacia la obtención de votos, más dinero requerirán los
aspirantes, precandidatos, candidatos y organizaciones políticas para
posicionarse debidamente ante el electorado y competir en las elecciones
generales”.
“El
contar con topes tanto para gastos como para aportaciones es una medida que
favorece la competencia y reduce desequilibrios. Cuando los topes de gastos de
precampaña y campaña son tan altos, como los que tenemos en República
Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna
ineficiente.
La
propuesta de la Junta Central Electoral consiste en reducir un 75 % los montos
que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular
durante la precampaña y un 65 % los topes durante la campaña.
Jáquez
manifestó que la JCE propone la modificación de 2 elementos que componen el
sistema electoral dominicano: la forma de la candidatura y la modalidad del
voto -elementos que están estrechamente relacionados- de manera que se pase de
listas cerradas y desbloqueadas mediante las cuales el elector puede marcar la
cara del candidato de preferencia, a listas cerradas y bloqueadas, con orden de
alternancia y colocación.
“Hemos
entendido que el diseño actual genera consecuencias negativas tales como
aumentar los conflictos intrapartidarios, forja complicaciones en el proceso
operativo de escrutinio, y, sobre todo, configura un sistema político donde se
prioriza a las personalidades, por encima de las propuestas programáticas o
ideológicas”, explicó.
De
manera puntual, señaló que algunos de los efectos que se han identificado a
nivel comparado son los siguientes: encarecimiento de los procesos electorales,
debilitamiento de la institucionalidad partidaria, empeora la logística
electoral y que no es favorable a la presentación de mujeres y jóvenes.
Debates electorales organizados por la JCE
Con
relación a los debates electorales, señaló que la jurisdicción electoral local
ha establecido que las realizaciones de debates electorales fortalecen la
democracia y propician la construcción de un electorado más vinculado al
discurso político que plantean los distintos actores del sistema.
Se
propone la obligatoriedad a cargo de la JCE de organizar debates,
particularmente para la elección presidencial, convocando a las candidaturas de
las organizaciones políticas que postulen en el nivel presidencial para que
participen del mismo.
La paridad en la política
Sobre
las propuestas relativas al principio de paridad, dijo que se propone que las
listas de candidaturas a cargos de elección popular en circunscripciones
plurinominales (diputaciones, regidurías y vocalías) estén integradas por 50 %
de mujeres y 50 % de hombres.
“No
obstante, somos de opinión de que la paridad, que no es una cuota sino un
principio constitucional inherente al principio de igualdad, en virtud del cual
se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las
candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección
y decisión en el ámbito público, es una condición necesaria, pero no
suficiente”, dijo.
Manifestó
que “el Estado dominicano tiene una deuda con la mujer política que está
obligado a pagar: ese pago es la paridad”.
