Santo
Domingo, RD.- El
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro
Consumidor) y la Defensoría del Consumidor del Gobierno de El Salvador firmaron
este lunes un acuerdo de colaboración que incluye intercambio de políticas
institucionales, mecanismos de resolución de conflictos, herramientas de
observancia y vigilancia de los establecimientos comerciales y procedimientos
para la aplicación de la ley de protección de los derechos de los consumidores.
El
acuerdo, firmado por el director ejecutivo de Pro Consumidor, doctor Eddy
Alcántara, y el presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador,
licenciado Ricardo Arturo Salazar Villalta, establece que ambas instituciones
se comprometen a prestarse asistencia mutua para aprovechar sus experiencias y
fortalecer la aplicación de su legislación y política de protección al
consumidor.
Igualmente
se resalta, que todas las actividades de intercambio de experiencias en calidad
de asistencia técnica que se desarrollen bajo este memorando, “están sujetas a
disponibilidad de fondos presupuestarios para cada firmante”.
El
convenio, firmado en la sede de Pro Consumidor, dice que el mismo busca
favorecer el establecimiento de servicios de consulta y de mecanismos
extrajurídicos de solución de diferencias transfronterizas, “dentro del ámbito
competencial de las administraciones de protección al consumo en ambos países,
en la contratación y adquisición de bienes y servicios en los que estén
implicados consumidores y empresas radicadas en ambos países”.
También,
promover la cooperación y coordinación entre los firmantes sobre los asuntos
que sean materia de su competencia y mutuo interés.
Asimismo,
las dos instituciones declaran su intención de establecer actividades conjuntas
a través de capacitaciones, seminarios, conferencias, pasantías y asesorías que
se podrán replicar en la República Dominicana o en El Salvador.
Acuerdan,
además, que ambas partes podrán realizar consultas sobre temas relacionados al
derecho de consumo “o cuando se evidencie la realización de infracciones a los
derechos de los consumidores en uno de los países firmantes con efecto en el de
otro firmante”.
En
uno de los artículos se establece que las dos instituciones defensoras de los
derechos del consumidor convienen crear una Mesa de Trabajo Conjunto, con
enlaces de ambas partes, las cuales podrán reunirse con previa convocatoria
“para viabilizar, gestionar y dar seguimiento a los programas aprobados para su
ejecución, de modo que no haya atraso en las ejecuciones de los mismos”.
En
el documento se resalta la importancia que tiene para la economía de los países
firmantes, la realización de actividades para la promoción de los derechos y
protección de los consumidores en sus respectivos territorios.
También
reconocen que la colaboración mutua constituye uno de los principios básicos de
las Administraciones Públicas, “como uno de los mecanismos más eficaces para
impulsar procesos de desarrollo dinámico y sustentable que se ajusten a los
cambios y exigencias de la época”.
Asimismo,
destacan en el convenio que las partes son instituciones determinadas a definir
acciones conjuntas con el objetivo de fomentar una cultura de consumo
responsable en las comunidades, estimular mejores prácticas comerciales, “así
como la vinculación con otras entidades públicas-privadas, todo lo cual
repercutirá positivamente en los consumidores dominicanos”.
