La procuradora general de la República,
Miriam Germán Brito, aseguró que la persecución de la corrupción es una prioridad
en la gestión que encabeza, aunque indicó que ha procurador intervenir lo menos
posible en la operatividad de estos casos que encabeza el Ministerio Público.
“Aprovecho
la ocasión para destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir
lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños,
sin importar a quienes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de
los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus
acciones puedan tener”, dijo la magistrada durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(Amcham-DR).
Expresó que ha sido más prioritario
generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que gobiernan la
función, apostando por un rol de "fiscalización moderado a través de instrucciones generales y
requerimientos de informes de actuación".
La
magistrada destacó que tradicionalmente en el país no se han hecho esfuerzos
notorios para combatir la corrupción, por lo que se
justifica el clamor social de “cero impunidad” cuando el erario
ha sido comprometido en detrimento del desarrollo humano, al tiempo que
dijo “quiero enfatizar que esta lucha sí es prioridad de esta gestión”.
“He
repetido en varias ocasiones que habrá consecuencias, más no en violación del
debido proceso y las garantías constitucionales de las personas investigadas”,
precisó.
Favoreció
que el fiscal escuche lo que gritan desde las gradas,
pero dijo que debe tomar una distancia prudente, para ejercer
la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido
proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos
con los valores del Estado de Derecho.
Resaltó
que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y
perseguir los grandes y no tan grandes casos de
corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio
público, siempre en estricto apego del debido proceso.
Refirió
que hace falta, además, sacar un mayor provecho a los mecanismos de negociación
que se han otorgado desde que se implementó el sistema penal acusatorio, a fin
de recabar información para identificar los activos ilícitos susceptibles de
ser confiscados (modificando el enfoque, haciendo uso adecuado para prevenir el
comportamiento).
“Aquí entran las figuras del comiso y extinción de dominio,
vitales a la hora de capturar el dinero malversado, sobre la base de una
propiedad que carece, en principio, de protección constitucional”, declaró.
Expresó
que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y,
más importante aún, mostrar un alto grado de probabilidad de
condena de las conductas corruptas.
“Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las normas”, dijo.
