Santo Domingo, RD.-Más de 12,000 páginas son las que registran los señalamientos, pruebas y argumentos del Ministerio Público contra 41 personas físicas y jurídicas y 22 empresas imputadas en el caso Medusa, que con el fin de “concertar estafar al Estado dominicano” se asociaron, de manera directa, en la Procuraduría General de la República (PGR), según establece el documento.
Esta
presunta coalición de funcionarios, habría realizado “maniobras
fraudulentas”, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador general
de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, usando para ello vehículos
societarios, personas de confianza, prestanombres y testaferros.
Jean Alain Rodríguez
En
consecuencia, Jean Alain figura como el principal imputado y
es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) por cometer acciones criminales en contra del
patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la PGR, al
asociarse con otros funcionarios públicos, contratistas y empresarios, para
recibir “enormes” cantidades de dinero proveniente de sobornos.
Asimismo,
se le adjudican actos fraudulentos para perjudicar y desfalcar al
Estado mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y
sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas.
Jonnathan Rodríguez Imbert
De su
lado, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien era director administrativo y
financiero de la PGR, es acusado de realizar maniobras fraudulentas
para manipular los procesos de contrataciones y servicios solicitados
por la Procuraduría.
Por sus
acciones ilícitas Rodríguez Imbert recibía beneficios económicos para sí mismo
y la estructura criminal.
Alfredo Solano Augusto
Al igual
que Rodríguez Imbert, el imputado Alfredo Alexander Solano Augusto
también ostentaba cargos de relevancia en el área financiera de la
PGR durante la administración de Jean Alain, subdirector del
departamento, en su caso, y es descrito en el expediente como una pieza
“esencial” de la esta estructura criminal.
Según el
informe jurídico, Solano Augusto, “persona de total confianza del coacusado
Jean Alain”, se adjudicaba a sí mismo, por medio de terceros, contratos
de bienes y servicios en la PGR.
Altagracia Guillen
En la
lista de supuestos involucrados también figura Altagracia Guillen Calzado, una
de las nueve mujeres del expediente, esta era una especie de intermediaria que
presentaba personas a la estructura criminal para que fueran potenciales
oferentes en los procesos de compra que se realizaban en la Procuraduría.
Desde su
posición de coordinadora del departamento administrativo y financiero facilitó
el desarrollo de las estafas al erario desviando y apropiándose de
materiales y fondos públicos para beneficio propio, señala el MP.
Jenny Marte Peña
En el
caso de Jenny Marte Peña, quien era encargada de la Unidad Ejecutora del Plan
de Humanización del Sistema Penitenciario era, de acuerdo con la acusación, la
responsable de ejercer presiones a los contratistas a fin de que estos pagaran
los sobornos prometidos a la estructura corrupta.
Para
ello abultaba, incluso, las cubicaciones para poder obtener mayores beneficios.
Javier Forteza Ibarra
El grupo
de acusados también está conformado por exempleados del departamento de
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), como es el caso de Javier
Antonio Forteza Ibarra, director del área.
Era
Forteza Ibarra el encargado de la parte operativa y tecnológica de la
estructura criminal, quien a través del borrado, alteración de datos y
sabotaje eliminaba “todas las huellas” de los hechos ilícitos
cometidos por el entramado.
Rafael Mercedes Marte
Asimismo,
el Ministerio Público imputa a Rafael Antonio Mercedes Marte, contador de
profesión y sujeto obligado no financiero, por calcular, recoger, transportar,
administrar y transferir el dinero del soborno cobrado en nombre de Jean Alain,
Rodríguez Imbert, Solano Augusto, Guillén Calzado y Marte Peña, como parte del
soborno para beneficio de la estructura y del Movimiento Político
Renovación.
Se le
acusa, por tanto, de cometer actos de corrupción, soborno,
prevaricación y lavado de activos.
Miguel José Moya
Respecto
a Miguel José Moya, es descrito como otra de las personas de confianza del
exprocurador y fungía como proveedor de servicios de la Procuraduría.
Su
función principal, de acuerdo con la acusación formal del caso, era elevar la
imagen personal de Jean Alain Rodríguez y sus aspiraciones políticas.
Para
disfrazar su misión, José Moya realizaba jornadas de capacitación y desarrollo
del personal de la Procuraduría, y con sus acciones estafó al Estado y
participó en acciones propias del lavado de activos.
Sara María Fernández
José
Moya es esposo de Sara María Fernández, con quien comparte presencia en el
expediente, y junto a quien, presuntamente, actuó en complicidad para
introducir facturas con contenido falso y así estafar las arcas
del Estado.
Braulio Batista Barias
En tanto,
los hechos que se le adjudican al también acusado Braulio Michael Batista
Barias son la coalición para cometer actos de corrupción, haciendo uso, para su
beneficio personal o de terceros de bienes muebles e inmuebles de lujo,
secuestrados o incautados por la Procuraduría.
Batista
Barias, quien era supervisor de la Unidad de Bienes Incautados de la PGR,
asignaba bienes bajo su custodia a personas claves de la estructura con el
objetivo de ser utilizados en la campaña política y para beneficio
personal, “todo esto sin autorización, incumpliendo los procedimientos y
sin dejar registro”.
Alejandro Rosa Llanes
En las
maniobras fraudulentas relacionadas a los bienes decomisados por la PGR también
se señala a Alejandro Martín Rosa Llanes, quien dentro de sus supuestas
funciones tenía la venta de lo decomisado, actividad que realizaba en violación
a las disposiciones legales.
Los
bienes eran vendidos a personas vinculadas a la estructura, y para ello
cometió actos de corrupción, soborno, prevaricación y estafa.
Ramón Burgos Acosta
El
documento revela que varios de los acusados eran las principales autoridades de
diferentes direcciones de la Procuraduría, como Ramón Lucrecio Burgos Acosta,
del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos (Sinarec).
Burgos
Acosta, supuestamente, participaba en el movimiento político renovación y
durante su coalición con el entramado incurrió en delitos de
corrupción, soborno, prevaricación, lavado de activos.
Johannatan Medina Reyes
Los
crímenes antes mencionados también recaen sobre Johannatan Loanders Medina
Reyes, responsable de la “materialización de las maniobras fraudulentas” en los
procesos de compra y contrataciones realizados por la Procuraduría.
Su
objetivo era beneficiar a las personas previamente seleccionadas y así
garantizar la recepción de los sobornos.
Isis Tapia Steffani
Isis
Tapia Steffani es otra de las imputadas y, según el MP, su rol era la
ejecución de contratos ficticios, y como miembro del comité de compras
aceptaba como ciertos hechos falsos y fraudulentos necesarios para la
realización de los pagos a los suplidores y contratistas seleccionados de los
procesos de compras amañados.
De igual
forma, la en ese momento encargada del departamento legal del área administrativa
participó en la contratación de personal pagado por la Procuraduría pero
que “nunca” prestaron servicios reales a la institución.
Félix Rosario Labrada
Félix
Antonio Rosario Labrada fue otra de las piezas para las maniobras de manipular
los procesos de contrataciones y servicios.
Rosario
Labrada fungía como encargado de la oficina de acceso a la información y era
miembro del comité de compras.
Mercedes Salcedo Disla y Carolina
Pimentel
En cuanto
a las irregularidades en la recepción de alimentos y productos en los centros
penitenciarios, Mercedes Camelia Salcedo Disla, coordinadora administrativa y
financiera del nuevo modelo penitenciario, y Carolina Pimentel Bonifacio eran
parte de la “estructura criminal” gestada allí.
“Persona
de total confianza de los coacusado Johannatan Loanders Medina Reyes y
Jonnathan Joel Rodríguez, teniendo dentro de sus funciones las maniobras
fraudulentas llevadas a cabo con el objetivo de beneficiar a un grupo de
empresas, vinculadas todas de manera directa al coacusado Rolando Rafael
Sebelen Torres, cuñado del también acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez”,
plantea el MP sobre Salcedo Disla.
Un
argumento similar describe a Pimentel Bonifacio, quien tal como Salcedo Disla y
otros del entramado, recibían de forma favorable productos de mala calidad en
detrimento a la oferta inicial y al monto pagado por la Procuraduría para los
centros penitenciarios.
Se les
acusa de la falsificación de sellos, firmas y conduces, entre
otras acciones.
Francis Ramírez Moreno
Otro de
los 41 acusados es Francis Ramírez Moreno, quien era analista de compras y se
le atañe la falsificación y alteración de documentos.
Rolando Rafael Sebelén Torres
En cuanto
a Rolando Rafael Sebelén Torres, mencionado previamente, se trata del cuñado
de Jean Alai y valiéndose de esa relación, manipuló, junto a otros
miembros de la estructura, los procesos de licitación para la adquisición de
alimentos e insumos para las cárceles.
Asimismo,
se le responsabiliza de conformar y dirigir un entramado societario junto a los
coacusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel, con el
objetivo de estafar al Estado y contribuir con el enriquecimiento ilícito del
entonces procurador.
Juntos,
manipularon procesos de compra, alteraron y falsificaron documentos, hicieron
uso de documentos falsos, así como la falsificación de sellos, firmas y
conduces, entregaron sobornos y lavaron dinero.
José Miguel Estrada Jackson y
César Nicolas Rizik Pimentel
Los
acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel, son dos de
los que también participaron en amañar los procesos de licitación para la
adquisición de alimentos e insumos para las cárceles.
En
consecuencia, al igual que Sebelén Torres se involucraron en alterar procesos
de compra, suministraron productos de menor calidad y cantidad de la
contratada, alteraron y falsificaron documentos, hicieron uso de documentos
falsos, así como la falsificación de otros. Por: Helenny Amparo, para listin diario
