AP
Madrid
Por
primera vez el Tribunal de Paz en Colombia imputó a 22 militares el crimen de
lesa humanidad de persecución por razones de género al encontrar que nueve
mujeres, una de ellas embarazada, y un joven perseguido por su orientación
sexual fueron víctimas de “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones
extrajudiciales.
El
Tribunal señaló el lunes en su decisión que las víctimas “experimentaron formas
específicas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de
vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los
crímenes”.
Dentro de
la Brigada XVI se implantó una “organización criminal” que se sirvió de la
legalidad del Ejército para desaparecer y luego asesinar 303 personas, la
mayoría hombres, pero también mujeres, ancianos y personas con dificultades
cognitivas, señaló el Tribunal. Los crímenes fueron cometidos entre 2005 y 2008
en Casanare, al este del país.
Los
“falsos positivos” se incrementaron bajo la comandancia del entonces mayor
general Henry Torres Escalante, quien por sus resultados operacionales fue
condecorado, indica la decisión judicial. También fueron imputados dos
coroneles, tres tenientes y otros 10 oficiales.
Se trata
de uno de los capítulos más oscuros de las fuerzas de seguridad estatales de
Colombia. El Tribunal de Paz estableció que 6.402 personas fueron asesinadas
bajo esta modalidad. Muchas de ellas eran engañadas con ofrecimientos falsos de
trabajo, asesinadas y luego les eran implantadas armas y municiones para
simular que fueron vencidas en combates legítimos. Los militares recibían
beneficios como permisos, vacaciones y comidas especiales.
El
Tribunal también imputó por primera vez el crimen de guerra de utilización de
niños y niñas en las hostilidades, dado que fueron reclutados para atraer y
engañar a algunas víctimas.
Además de
los militares, fueron imputados dos civiles señalados de reclutar víctimas y un
funcionario del estatal Departamento Administrativo de Seguridad, un organismo
disuelto hace una década.
“Se
observa la utilización de recursos del Estado y la financiación de la búsqueda
de las mismas víctimas y del encubrimiento de sus operaciones. Lo que se
observa es una operación en red de militares, civiles e inclusive
involucramiento del DAS”, dijo a la prensa el magistrado Eduardo Cifuentes,
presidente del Tribunal de Paz.
La
Jurisdicción Especial para la Paz es el tribunal que investiga y juzga los
hechos cometidos por más de cinco décadas en el conflicto interno colombiano.
Nació fruto del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera considerada la
guerrilla más antigua de América Latina.
Los
imputados cuentan con 30 días hábiles para reconocer o rechazar su
responsabilidad en los hechos. Si la niegan podrían ser vencidos en juicio y
ser condenados hasta con 20 años de prisión. En caso de que aporten verdad y
reparen a las víctimas, pueden obtener sanciones que no impliquen cárcel.
