El presidente de la República, Luis Abinader, mediante el
mensaje núm. 13818, del 14 de junio de 2022, remitió al Congreso Nacional el
proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.
El objeto de esa iniciativa legislativa es lograr la
protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información
y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de
delitos, por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus
componentes o sus contenidos y, por otro lado, los cometidos mediante el uso de
esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas
o jurídicas.
El proyecto de ley establece su propio ámbito de
aplicación, sus principios rectores y las definiciones que para su aplicación
corresponden.
En su parte central, el proyecto tipifica cada uno de los
ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información; ciberdelitos
contra las personas; ciberdelitos financieros y de sustracción; ciberdelitos
contra la propiedad intelectual; ciberdelitos contra las telecomunicaciones; y
ciberdelitos contra la nación y ciberterrorismo.
El proyecto de ley también dispone los organismos
competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de
los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional
contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos
Informáticos (DIDI).
Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho
procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de
investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes,
la competencia jurisdiccional y la acción pública.
También son contempladas de manera particular la
sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.
La
eventual ley derogaría de manera total la ley núm. 53-07 sobre crímenes y
delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente. De esta
manera se actualizaría este marco normativo dado que muchas de las nuevas
conductas ciberdelictivas que afectan hoy en día a la sociedad no cuentan con
una tipificación penal.
