Miami,
Estados Unidos
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó
preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten
en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen
a los dirigentes ante las crÃticas.
Según la SIP, la situación genera un efecto de
inhibición para la libertad de prensa y la labor periodÃstica.
En un comunicado, la SIP criticó que los proyectos
de ley buscan sancionar con prisión las ofensas en contra del presidente,
ministros, legisladores y representantes diplomáticos, alegando que la medida
es contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el
delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades por sobre los
ciudadanos.
El desacato, eliminado en muchos paÃses latinoamericanos,
también está contemplado en la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y
Difusión del Pensamiento.
Por otro lado, el gobierno del presidente Luis Abinader
presentó el 14 de junio al Congreso un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia,
que reemplazará la Ley 5307 sobre CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa, en
vigencia.
El nuevo proyecto aumenta de uno a cuatro años la
pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de
500 salarios mÃnimos, sin cárcel. El proyecto obliga a los proveedores de
servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas, para
evitar multas. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: “Vemos con
preocupación que República Dominicana esté virando en posición contraria a la
libertad de prensa”. Canahuati, presidente del Grupo OPSA, de
Honduras, agregó que estas son épocas para descriminalizar
los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas y para
eliminar los privilegios de los poderosos, no para potenciarlos, como bien lo
hicieron en República Dominicana años atrás”.
Canahuati hizo referencia al beneplácito que expresó
la SIP en 2016 por una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló siete
artÃculos de la Ley 6132 de 1962, que criminalizaban los delitos de difamación
e injurias en casos de interés público. La Cor
te consideró que eran violatorios del
artÃculo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre libertad de
expresión.
Aquella sentencia respondió a un recurso de inconstitucionalidad
presentado en febrero de 2013 por los directores de los periódicos El DÃa,
ListÃn Diario y El Caribe, y por la Fundación Prensa y Derecho. Demandaron la
eliminación de 11 artÃculos de la ley que criminalizaban la labor periodÃstica
y de otros cinco del Código Penal que establecÃan castigos penales por los
llamados delitos de palabra.
Ante la descriminalización parcial de los delitos
de difamación, la SIP esperaba que se eliminara del Código Penal el castigo
carcelario contra los periodistas.
