SANTO DOMINGO, RD.- La Mesa de Trabajo
Permanente del Sistema de Justicia de la República Dominicana realizó un
descenso este lunes al centro de privación de libertad de La Victoria, donde
afinó los detalles para el inicio del plan estratégico “Optimización del
Proceso Penal”, con el que las autoridades se plantean la mejoría en el
abordaje de la justicia penal y contribuir a descongestionar el sistema
penitenciario.
Se trata de la cuarta reunión entre el Poder Judicial, la Procuraduría
General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y
Correccionales (DGSPC), la Defensa Pública, la Pastoral Penitenciaria, el
Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, que han diseñado
un programa “de urgencia” para acelerar las mejoras en el sistema penitenciario.
La iniciativa busca, de forma inmediata, asistir a personas privadas de
libertad en situación de vulnerabilidad y, con un abordaje más estructural,
viabilizar la descongestión de los recintos penitenciarios, tomando como punto
de partida La Victoria, ubicada en el distrito municipal de igual nombre, en
Santo Domingo Norte.
Como
parte de los avances hacia estas metas, la DGSPC recibió de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) una lista 58 nombres de personas privadas de libertad para fines
de evaluación médica urgente por condiciones delicadas de salud, con miras a
potenciales cambios de modalidad de la pena o de la medida de coerción, según
el caso, un proceso que se ajustará a los debidos procedimientos de supervisión
y validación. Además, 171 nombres, con el propósito de depurarlos en aspectos
de ubicación y condición jurídica.
Por
la DGSPC, recibieron a las autoridades judiciales Roberto Hernández Basilio,
director general, e Hilda Patricia Lagombra, directora de Centros de Corrección
y Rehabilitación, responsable de encabezar el proyecto como enlace con las
demás instituciones que se han unido en el diseño de soluciones operativas que
garanticen respuestas rápidas a los procesos judiciales.
Por
la judicatura, participaron las magistradas María G. Garabito, jueza de la
Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia; Yadira de Moya
K., presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo y
coordinadora del Departamento de Santo Domingo; Juliana Morfa, coordinadora de
los Juzgados de Instrucción de la Cámara Penal de Santo Domingo; Mercedes Sena,
jueza de Ejecución de la Pena de Santo Domingo, y el magistrado Rafael Báez
García, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional, junto a funcionarios administrativos del Poder Judicial.
Por
el Sistema Nacional de Salud estuvieron presentes las doctoras Yocasta Lara y
Ana Katherine Arias, directora y encargada de gestión de Centros Hospitalarios,
respectivamente.
Medidas para descongestionar
En
la actualidad, La Victoria acoge a 7,677 personas privadas de libertad, de las
cuales el 48% cumple condena y el 52% agota prisión preventiva como medida de
coerción.
Además
de validar la identificación, evaluación y depuración de las personas en
condiciones de extrema vulnerabilidad, previo a aplicar la medida judicial que
corresponda, las autoridades tienen como objetivo la agilización del proceso
que se agota para la ejecución de las órdenes de libertad.
Como
parte del plan de “Optimización del proceso penal”, la SCJ reactivará las
operaciones de los tribunales móviles en el centro penitenciario más poblado
del país, para lo cual ya las autoridades penitenciarias habilitaron los
espacios correspondientes para recibir a los jueces asignados.
El
director general de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio, ha dicho que la
entidad apoyará este plan con todos los recursos de que dispone para ofrecer
las informaciones y, sobre todo, para facilitar el funcionamiento de los
tribunales móviles, lo que contribuiría a reducir la cantidad de personas con
estatus procesal de preventivos, una forma de mejorar las condiciones en los
recintos.
Acciones médicas
Para
elevar la eficiencia de los servicios sanitarios, se habilitarán médicos
forenses de manera permanente en La Victoria, se dispondrá de un laboratorio
móvil para realizar las analíticas sin necesidad de trasladar a los internos,
mientras las autoridades del sistema de salud se comprometieron a facilitar el
ingreso a los centros hospitalarios de las personas con problemas de salud y su
abordaje adecuado al diagnóstico, proveer las ambulancias para el traslado
cuando sea necesario y mantener un suministro adecuado de medicamentos.
Además,
se acordó la designación de médicos internistas, psiquiatras y psicólogos para
atención, evaluación y certificación del estado de los privados de libertad, un
proceso que estará bajo coordinación de la doctora Gaurys Sisa, encargada
nacional de Salud de la DGSPC y directora de la intervención en materia de
salud del recinto La Victoria.
