EFE
Nicaragua
El
Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre
de otras 25 ONG nicaragüenses, incluidas dos que apoyan a mujeres víctimas de
la violencia y una de rescate a jóvenes de las pandillas, informó este sábado
el Poder Legislativo.
Con esas
nuevas 25 asociaciones se elevan a 75 las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) a las que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha pedido su
ilegalización en lo que va de mayo, y a 212 desde diciembre de 2018.
En
Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son
mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad
jurídica al menos a 187 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que
estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la
seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Según el
Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo
cual ha sido rechazado por los afectados.
En la
nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la
personalidad jurídica a la Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas, a
la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, y a la
Asociación Centro Alternativo para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Izel.
Otras ONG
propuestas a ser anuladas son la Fundación Puntos de Encuentro, Fundación
Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (COEMIPYME), Fundación Centro de Relaciones Internacionales, y
Fundación de Mujeres y Desarrollo y la Democracia en Nicaragua.
Además,
ONG dedicadas a la gobernabilidad, a la democracia, a la participación
ciudadana, al desarrollo forestal, y al desarrollo comunitario.
¿PASADA
DE CUENTAS?
Según
Gobernación, esas ONG han trasgredido e incumplido con sus obligaciones
conforme a las leyes que rigen a las ONG, entre las que mencionó la Ley general
de regulación y control de organismos sin fines de lucro -en vigor desde el 6
de abril pasado-, y la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo.
La
propuesta de ley establece que los bienes y acciones de las ONG afectadas
tendrán previa liquidación.
Los
representantes de algunas de las ONG canceladas, entre estas la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han denunciado que las autoridades
nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para
después acusarlas de incumplimiento y que se trata de una pasada de cuenta por
su posición crítica.
La
Compañía de Jesús, a la que le cerraron dos ONGs, tampoco aceptan los
argumentos del Gobierno.
"Queremos
asegurar que tanto el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) como la
Asociación Ángelo Giuseppe Roncalli, en el ejercicio de su misión al servicio
del pueblo nicaragüense, siempre observaron y cumplieron las leyes vigentes en
el país y la Constitución Política", sostuvo la jesuita Compañía de Jesús
en una declaración esta semana.
Entre las
organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los
derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades,
ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre
otras.
El
Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG
estadounidenses y seis europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
