ICRC/Afilms México ha registrado oficialmente 100.000 casos de desapariciones de personas de 1964 a 2022.
De
1964 a la fecha han desaparecido 100.000 personas en México, según informó ayer el gobierno actual
del país en sus cifras oficiales. La Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y
el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestaron
este martes una gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamaron a
las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos, que siguen
ocurriendo.
“Ningún esfuerzo
debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y
abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos
de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”,
dijo Michelle Bachelet en un comunicado.
Los datos
desagregados del registro nacional mexicano indican que cerca de la cuarta
parte de las personas desaparecidas son mujeres y que un
20% era menor de 18 años cuando desapareció.
Los números
también muestran que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se
conoce sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el
presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo
militarizado de seguridad pública.
De 1965 a 1990,
durante la llamada “guerra sucia”, las desapariciones respondían a motivaciones
políticas principalmente. En cambio, después de 2006 se llevaron a cabo en el
contexto de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”,
declarada por Calderón.
El Comité y el
Grupo de Trabajo sobre desapariciones citaron en una declaración conjunta que
en una visita oficial a México en 2011 , todavía con el gobierno de Calderón,
las cifras oficiales daban cuenta de más de 5000 desaparecidos o “ausentes” sólo en
ese año.
Un decenio más
tarde, en noviembre de 2021, en otra visita, las personas desaparecidas
inscritas en el registro llegaban a 95.000, con cien de ellas sucedidas durante
las poco más de dos semanas que el Comité estuvo en el país.
Tanto la Alta
Comisionada como los expertos advirtieron que muchas veces las desapariciones no se
denuncian, con lo cual el total de personas cuya suerte se
ignora podría ser más alto.
Impunidad rampante
Bachelet destacó que, pese a la
abrumadora cantidad de casos de desaparición, sólo en 35 ocasiones se
ha condenado a los perpetradores, una tasa de impunidad que atribuyó, sobre
todo a la falta de investigaciones efectivas.
Para el Comité y el Grupo de
Trabajo, las 100,000 desapariciones registradas oficialmente en México “son una
muestra del prolongado patrón de impunidad en el país”.
La falta de justicia deja solas a
las familias de las víctimas, que sufren enormemente la ausencia de sus seres
queridos y buscan saber lo que pasó.
En este sentido, Bachelet señaló
que en su visita a México en 2019 observó “la valentía de las familias
de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer
soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se
reconozca la magnitud de la problemática” en el país.
Rindió homenaje a los familiares
que por décadas han perseverado en busca de la verdad y la justicia, y se
refirió particularmente a la labor de Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús
fue víctima de desaparición forzada en 1975. A partir de entonces, Rosario
Ibarra de Piedra luchó incansablemente por los derechos de las
víctimas de ese abuso y ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150
personas desaparecidas y devolverlas a sus familias. Doña Rosario murió el mes
pasado.
Medidas en la dirección correcta
Por otra parte, la Alta
Comisionada reconoció que las autoridades mexicanas han dado pasos importantes
para combatir el flagelo, como la aprobación de la Ley General de
Desapariciones, al igual que la creación de comisiones de búsqueda en todos
los estados y del Centro Nacional de Identificación Humana.
Del mismo modo, mencionó, entre
otras instancias, las comisiones para examinar las violaciones graves de
derechos humanos cometidas en el periodo de la guerra sucia, de 1965 a 1990, y
la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático de
2014.
Recalcó también el reconocimiento
por el gobierno de la competencia del Comité de la ONU contra las
Desapariciones Forzadas y el carácter vinculante de las Acciones Urgentes que
éste dispusiera, siendo el primer país que permitiera la visita de ese grupo de
expertos.
