Desde el pasado 5 de mayo el Clan del Golfo
inició un paro armado en el país luego de la extradición del jefe de esa banda
criminal, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Después de seis días de
ataques a la población civil y a las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y
organizaciones sociales con presencia en regiones como Chocó, constataron por
medio de un comunicado las afectaciones que las acciones de la banda ilegal han
ocasionado en estos territorios.
En el comunicado compartido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se rechazan las acciones bélicas del Clan del Golfo que empezaron hace una semana en varios departamentos del país. “Condenamos enérgicamente la situación de confinamiento a la que han sido sometidos los habitantes de los treinta municipios del departamento del Chocó y once de Urabá, como consecuencia del paro armado”.
Estos hechos de violencia se han presentado en más de diez departamentos de Colombia como Antioquia, Atlántico, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Santander. “Estas acciones nos permiten constatar una vez más cómo es la población civil la que sufre las consecuencias de esta guerra demencial que estamos padeciendo en Colombia”, continúa el comunicado de la autoridad católica.
