ONU Noticias Una imagen cotidiana de La Habana, Cuba
El Comité
contra la Tortura ha
solicitado a Cuba “investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo,
juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la
fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio
de 2021”.
La recomendación
está recogida en el último informe emitido este viernes por el Comité, en
el que expresa su preocupación por las denuncias que documentan que durante las
protestas se produjeron malos tratos como golpizas, insultos, amenazas de
carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas
oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de
vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas.
También en
relación con las protestas, los expertos en derechos humanos que componen el
Comité, y que toman nota del rechazo de estas alegaciones del Estado cubano,
expresaron su preocupación por “las denuncias de juicios sumarios sin garantías
al debido proceso, las restricciones a la movilidad, las limitaciones en el
acceso a internet y los actos de repudio”.
Por ello,
recomiendan a Cuba establecer protocolos que regulen la
actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales,
conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos.
Represalias
contra defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas
De forma más
genérica, el Comité reiteró “su preocupación por informaciones de las Naciones
Unidas que documentan casos de hostigamiento, agresiones, detenciones
arbitrarias, encarcelamiento y represalias a defensores de derechos humanos,
periodistas y artistas, especialmente aquellos considerados como opositores
políticos”.
El informe
recoge una serie de recomendaciones para que Cuba adopte las medidas necesarias
para prevenir esas detenciones y actos de hostigamiento, y para que garantice
que, cuando se produzcan, sean investigados y los responsables sean
sancionados.
Además,
recomienda establecer un mecanismo nacional independiente de
protección de defensores de derechos humanos, periodistas
y otros actores de la sociedad civil.
Otra cuestión
que aborda el Comité es la de las muertes en custodia y lamenta que el Estado
no haya presentado información estadística completa respecto de las personas
privadas de libertad fallecidas durante el periodo de examen del Comité, que
fueron en un promedio de 100 al año y cuya causa principal serían las
enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la información facilitada por
Cuba.
Por este motivo,
el Comité recomienda al Estado del país caribeño “asegurar que todos los casos
de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de
forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el
Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente
Ilícita”.
También solicita
“investigar
cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de
personas en custodia, y cuando corresponda, castigar
debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a
los familiares”.
Tras señalar su
preocupación por la subordinación de la Fiscalía General de la República al
presidente de la República, establecida en el artículo 157 de la Constitución
cubana, y por las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía
puesto que únicamente los miembros de la Organización Nacional de Bufetes
Colectivos pueden ejercer la profesión en el Estado parte, los expertos del
Comité recuerdan que el Estado debe velar por la plena independencia, imparcialidad
y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose
de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales
pertinentes.
Aspectos
positivos
Entre los
aspectos positivos del informe, el Comité destaca la adhesión del Estado parte
al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, así como las iniciativas de revisión de la
legislación en esferas pertinentes para la Convención contra la tortura.
Otros aspectos
mencionados por el Comité son los esfuerzos realizados por el Estado cubano a
fin de modificar sus políticas y procedimientos para reforzar la
protección de los derechos humanos.
