El
exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien como
presidente insistía en que "nadie está por encima de la ley", se
enfrenta ahora a la Justicia de Estados Unidos, acusado de narcotráfico,
después de doce años en el poder en Honduras, cuatro como jefe del Parlamento y
ocho como gobernante.
Hernández
fue llevado este jueves a EE.UU., país que lo acusa de tres cargos asociados
con narcotráfico y uso de armas, tras haber sido capturado en su residencia en
Tegucigalpa el 15 de febrero, luego de culminar su mandato, el 27 de enero.
La
captura del exmandatario, un hecho sin precedentes en la historia de Honduras,
se produjo un día después de que EEUU solicitara su arresto con fines de
extradición.
Muchos
hondureños preveían la extradición
El pedido de
EE.UU. marcó a Hernández como el primer expresidente hondureño en ser reclamado
por ese país, acusado en Nueva York por delitos asociados con tráfico de
drogas.
Hernández, de 53
años, es señalado de delitos cometidos desde 2004 a 2022, al "participar
en una conspiración de corrupción y tráfico violento de drogas y propiciar la
importación de miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos".
Su extradición
era algo que muchos de sus compatriotas veían venir, con más insistencia luego
de que su hermano menor, el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández,
fuera capturado en noviembre de 2018 en Miami y condenado en Nueva York, en
marzo de 2021, a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.
A ello se
sumaron nuevas denuncias desde Estados Unidos, tanto de narcotraficantes
hondureños que enfrentan juicio en ese país, como de la misma Justicia.
Una de las
acusaciones más fuertes contra Juan Orlando Hernández figura en un documento de
2019 de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, relacionado con
el caso contra su hermano y que vinculaba al entonces presidente hondureño con
una conspiración en la cual presuntamente usó dinero del narcotráfico para
lograr su segundo mandato.
El mismo
documento salpica al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), pues señala que
presuntamente solicitó apoyo financiero y logístico del narcotráfico para la
campaña de las elecciones de 2009, tanto para él, como para Juan Orlando Hernández,
quien entonces, como diputado, buscaba la presidencia del Parlamento, objetivo
que logró.
"Nadie
está por encima de la ley"
En octubre de
2016, con Hernández como mandatario del país, la Casa Presidencial hondureña
indicó que "ante los crecientes rumores sobre una presunta relación
directa o indirecta, voluntaria o circunstancial de su hermano (Juan Antonio)
con personas o con supuestas actividades al margen de la ley, el presidente
dejó claramente establecida su posición de que nadie está por encima de la
ley".
Entonces,
Hernández también afirmó: "durante este Gobierno, nadie que haya sido
señalado por la Justicia tiene, ha tenido, ni va a tener ningún tipo de
concesiones o privilegios, ya se trate de correligionarios, de mis propios
familiares, funcionarios de Gobierno o ciudadanos de otros países".
APLICACIÓN DE LA
EXTRADICIÓN, QUE ÉL MISMO IMPULSÓ
Entre más
trascendían las denuncias, Hernández reforzaba la defensa, incluso hoy, horas
antes de su extradición, de su lucha contra el narcotráfico.
La defensa de
esa lucha, desde que era presidente del Parlamento hondureño, la hizo en su
país, en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos (OEA), lo
mismo que en reuniones en Washington con altos funcionarios de EE.UU., de la
que algunos le felicitaban.
El 24 de febrero
de 2021, en su comparecencia anual ante el Parlamento, Hernández recordó que su
lucha contra el narcotráfico la dio desde ese poder del Estado cuando lo
presidió (2010-2014) y que en enero de 2012 fue aprobada la reforma
constitucional que permitió la extradición de hondureños al exterior, solamente
en aquellos casos que estuvieran involucrados con delitos de narcotráfico,
terrorismo y crimen organizado.
Trabajando con
los aliados (EE.UU.), "construí un sistema que redujo el paso de cocaína
del 87 % al 4 %, algo sin precedentes, un éxito extraordinario. Y esto no lo
digo yo, lo dice el Informe del Comando Sur de Estados Unidos, lo dice el
Departamento de Estado", dijo entonces.
Sus
declaraciones también hacían dudar a muchos hondureños, que creían que no sería
reclamado en extradición al ver publicaciones en las que EE.UU. le agradecía
por la lucha contra el tráfico de drogas.
Los dos períodos
de gobierno de Hernández fueron también salpicados por denuncias de sus
principales opositores de haber ganado las elecciones de 2013 y de 2017
haciendo fraude, además de tener vínculos con el narcotráfico, lo que él
siempre negó e incluso se declaró "inocente" al conocer la solicitud
de extradición por parte de Estados Unidos.
Hernández ha
atribuido las acusaciones en su contra a una "venganza" de
"narcotraficantes criminales y asesinos confesos que han sido extraditados
a Estados Unidos, o que salieron huyendo de Honduras" por sus políticas y
que pretenden que les reduzcan las penas y les protejan a sus familias en ese
país.
El 24 de febrero
de 2021 Hernández también recordó que cuando asumió la Presidencia, el 27 de
enero de 2014, dio "instrucciones de para que toda solicitud de
extradición recibida por el Gobierno" fuera "entregada inmediatamente
a la Corte Suprema de Justicia dentro de las 48 horas siguientes, sin demora,
sin discrecionalidad o injerencia de Cancillería, Casa Presidencial o cualquier
institución del Poder Ejecutivo. Y eso se ha hecho".
"Hice esto
para mostrarle al país y al mundo, y a los narcos, que este presidente que
luchó por obtener la aprobación de la extradición rechazaría cualquier intento
de influir en ese proceso. Y los narcos vieron eso", recalcó en 2021 el
entonces mandatario, a quien un año después, además de ser extraditado a
EE.UU., le fueron confiscadas sus propiedades en Honduras.
En Honduras
ninguno de los órganos de Justicia, salpicados por denuncias de corrupción de
jueces y magistrados, entre otros, no de ahora, emprendió acciones contra
Hernández.
