Apenas dos días
después de que la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, mostrase su preocupación por las medidas
de excepción adoptadas en El Salvador contra las maras, varios altos
funcionarios de la Organización han emitido una declaración en la que expresan
su solidaridad con los afectados y piden que se revisen tales medidas.
La declaración ha
sido firmada por Najat Maalla M'jid, representante Especial del Secretario General de
las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños; Mikiko Otani,
presidenta del Comité de los Derechos del Niño, Jean Gough, directora regional
de UNICEF para
América Latina y el Caribe, y Harold Robinson, director regional del Fondo de
las Naciones Unidas para para América Latina y el Caribe.
El texto de la
declaración es el siguiente:
“Expresamos nuestra
solidaridad con todas las personas afectadas por el aumento del número de
incidentes violentos en El Salvador en las últimas semanas, y en particular con
aquellos que han perdido a un familiar. La violencia de pandillas (maras) es
inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños,
niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo,
encarcelarlos no es la solución.
Con los
recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños y adolescentes
que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y
que tengan entre 12 y 15 años podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión.
Los mayores de 16
años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos
permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que
se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean
modificadas o anuladas. Ninguna de estas medidas se ajusta a las
disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de
la que El Salvador es parte.
La prisión de menores no promueve
su reintegración
De acuerdo
con la Convención sobre los Derechos del Niño, la detención sólo debe
utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible.
Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que
mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la
sociedad.
La detención afecta
a su la salud y el bienestar de los menores de edad y las pruebas demuestran
que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que el niño, niña o
adolescente abandonen la escuela y cometa un delito más adelante en su
vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza.
Las medidas no
privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan
mejores resultados para los propios niños, niñas, adolescentes y la sociedad en
general. Todo niño debe estar protegido frente a la detención.
Las medidas
punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas.
Además, los niños pueden ser víctimas de violencia tanto por
parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados
y pueden ser utilizados.
Evitar el reclutamiento de niños
En los últimos
años, El Salvador ha realizado importantes avances para proteger a los niños y
garantizar sus derechos con políticas sociales centradas en la infancia y con
inversiones en programas de educación y desarrollo de la primera infancia que
han demostrado prevenir la violencia.
Se puede ir más
allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras
y positivas que eviten su el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en
las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear
una cultura de paz.
En este momento
decisivo, instamos encarecidamente al Gobierno de El Salvador a que
revise los cambios en la ley penal juvenil. Los derechos de los niños se
aplican en todo momento, incluso en los estados de excepción.
La Oficina de la
representante especial del Secretario General sobre la Violencia contra los
Niños, el Comité de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas están dispuestos a
proporcionar apoyo técnico al Gobierno de El Salvador para hacer frente a la
violencia de las pandillas y revisar la ley penal juvenil de acuerdo
con las normas internacionales”.
