El Juzgado de la
Instrucción de Jimaní aplazó el conocimiento de la coerción para el próximo
miércoles
El Ministerio
Público solicitó a un tribunal de esta jurisdicción que imponga prisión
preventiva en contra de un funcionario local y un inspector de la Dirección
General de Migración, así como contra otras cinco personas involucradas en el
tráfico de inmigrantes, que fueron arrestadas el pasado miércoles como parte de
la Operación Iguana.
El proceso se
sigue en contra de los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control
en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector
Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán,
Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo
Feliciano (Yefo).
La Procuraduría
Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
(PETT), junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) y la Procuraduría Regional de Barahona solicitan además,
que el caso sea declarado de tramitación compleja.
La PETT,
encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, puso en marcha el pasado
miércoles la Operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve
allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia,
Bahoruco y Pedernales.
Durante la
operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados y ocupó como
evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros,
aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de
fuego, calibre 9 milímetros, Fab 92.
El
desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del
Caso La Placa, por el que el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en
flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal, a
bordo de una motocicleta, a una cubana con su hija de siete años.
La PETT y la
Pepca, apoyadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público,
iniciaron una investigación contra la estructura criminal, dirigida por los
imputados Roberto Méndez Pérez y/o Robert Méndez y Johan Rosario Castillo,
quienes aprovechándose de sus condiciones de coordinador e inspector del puesto
fronterizo de Migración en Jimaní, provincia Independencia, coordinaron
crímenes graves.
Ambos ejecutaron
las acciones en coautoría con el servidor público Deivi Nova Reyes y los
imputados Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga
Guzmán y Juan Mateo Feliciano en perjuicio de la integridad personal y libertad
de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la buena
administración pública.
Según consta en la
solicitud de medida de coerción, además del tráfico de personas y la recepción
de sobornos, la cabeza de esta estructura criminal, Méndez Pérez, distrajo el
dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en
ocasión del arresto de personas por la comisión del ilícito de tráfico de
personas. De igual modo, distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo
fronterizo de Jimaní.
El juez de la
Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, dispuso el aplazamiento de la
audiencia para el próximo miércoles 23 de marzo, a las 9:00 de la mañana, luego
de acoger una petición de las defensas de los encartados, quienes pidieron más
tiempo para analizar el expediente y preparar los presupuestos.
