La
decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto
presidencial y poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori es “un
retroceso inaceptable” en la lucha del país contra la impunidad por graves
violaciones de derechos humanos cometidas durante su Gobierno, advirtió un
grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
"Las
víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho
tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso
retroceso para ellas", dijeron los relatores, señalando
que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los
requerimientos legales.
"A
menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho
interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años
contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de
derecho, y una violación del derecho a la justicia de las
víctimas y sus familias", añadieron.
Fujimori
fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad,
incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y
secuestros. Su condena, tras un proceso judicial que cumplió con las
normas nacionales e internacionales de un juicio justo, ha sido
elogiada internacionalmente y considerada un importante logro en la lucha
contra la impunidad.
"La
decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori y de restablecer un
indulto presidencial que le había sido concedido en 2017 parece ser inconsistente
con los estándares internacionales de derechos humanos que
restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa
humanidad," dijeron los expertos.
El indulto
concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se
había justificado por razones humanitarias debido a la avanzada edad de
Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó "serias
preocupaciones" sobre el cumplimiento de los requisitos legales en la
concesión del indulto presidencial.
En
2018, la Corte Suprema de Perú revocó el indulto, lo que provocó su regreso a
prisión. En 2021, Fujimori presentó un recurso de habeas corpus para anular la
sentencia de la Corte Suprema de 2018 que revocó el indulto.
Los
relatores firmantes aseguran que "sólo las enfermedades terminales de
resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos; sin embargo,
tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la
edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la
edad”.
"En
estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud”, dicen,
explicando que Fujimori disfruta de unas condiciones de detención adecuadas en
la prisión de Barbadillo.
"La
comunidad internacional reconoce la necesidad de restringir el uso de los
beneficios procesales que favorecen a los responsables de graves violaciones de
los derechos humanos, para que esto no tenga el efecto de hacer
ilusoria la justicia penal y minar la confianza de las víctimas y de la
sociedad en el Estado de Derecho y en las instituciones de
gobierno", señalaron.
No
está claro cómo afectará la decisión del Tribunal Constitucional a las
acusaciones y juicios pendientes contra Fujimori, incluidos los relativos a la
matanza de Pativilca de 1992 y a las esterilizaciones forzadas de miles de
mujeres, en su mayoría indígenas.
*Los expertos de la ONU: el Sr. Fabián
Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición;
el Sr. Morris Tidball Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias; y Luciano Hazan (Chair-Rapporteur),
Aua Baldé (Vice-Chair), Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni, Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias.
Los Relatores Especiales forman parte de lo
que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los
Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del
sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los
mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se
ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas
partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de
forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su
trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan
servicios a título individual.
Vea el comunicado de prensa anterior publicado por los
expertos de la ONU sobre este tema.
