La
procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ponderó este martes la declaración de
incompetencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer una
acción de amparo con la que el ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez procura
una disculpa pública del Ministerio Público y, a la vez, que la prensa elimine
su nombre de todas las publicaciones que registran el desarrollo de la
Operación Medusa que lo llevaron a prisión por corrupción y lavado de activos.
La
Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), integrada por los
jueces Luisa Canaán, Dilcia del Rosario y Jeny Rodríguez, consideró al Cuarto
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional como la instancia ante la que
el imputado tendría que presentar sus argumentos.
“Jurídicamente,
tal y como el Ministerio Público le había solicitado al tribunal (fue rechazado
el amparo), porque eran unos pedimentos que en derecho no se sostenían”, dijo
la directora general de Persecución del Ministerio Público al ser abordada por
los periodistas, luego de que el TSA anunciara su decisión.
Explicó
que el Ministerio Público, atendiendo a su facultad de órgano investigador,
denominó como Operación Medusa al conjunto de diligencias procesales y
operativas que llevaron al caso en el que el exprocurador Rodríguez Sánchez
está acusado de lavado de activos, de corrupción y de otros delitos graves.
“Pretender
una disculpa sobre ese fundamento es absurdo y evidentemente que el Ministerio
Público lo que se ha dedicado es a hacer una profunda investigación, y nosotros
no estamos para hacer recomendaciones a imputados, pero quizás sería más
estratégico que (el privado de libertad y sus abogados) se dediquen a preparar
sus defensas ante las gravísimas imputaciones que tienen, más las nuevas que se
les van a agregar cuando el Ministerio Público tenga a bien presentar el acto
conclusivo”, enfatizó Reynoso.
Por
igual, deploró el pedimento que busca que la prensa borre de sus portales
digitales informaciones sobre un hecho cierto del que reportó. Sostuvo que esa
solicitud refleja el accionar de una persona que se niega a aceptar el derecho
que tienen los medios a informar.
“Pedir
que la prensa retire un hecho que es cierto, que informó, es un deseo de una
persona que no cree en el derecho que tienen los medios de informar”, dijo. Por
el contrario, agregó que “nosotros sí creemos y respetamos ese derecho”.
Desde
julio del pasado año el exprocurador Rodríguez Sánchez y los coimputados
Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan
Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de
Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por
disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del
Distrito Nacional.
En el
caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y
Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José
Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en
modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de
salida y presentación periódica.
Además,
contra Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador
Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio Público ya hizo el trámite
de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De
acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de
corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según
estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil
millones de pesos.
El órgano
acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y
405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios,
prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También,
enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que
tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal,
así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o
alteración de datos y sabotaje.
El
Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2
de la Ley 488-06, sobre Soborno.
Rodríguez
Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de
infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo.
