El Ministerio Público ha depositado ante
los tribunales “un huracán de pruebas” contra Juan Alexis Medina Sánchez y los
demás acusados por corrupción administrativa dentro de la red desarticulada por
el Ministerio Público con la Operación Anti Pulpo.
Así lo afirmó el titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca), Wilson Camacho, al explicar la postura del Ministerio Público ante la
decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional, de aplazar para el próximo 4 de abril el conocimiento de
la audiencia preliminar contra Medina Sánchez y los demás acusados.
Camacho dijo que en la audiencia de este
lunes la defensa hizo algunas solicitudes al tribunal tendentes a tener la
oportunidad y la viabilidad de acceder y analizar las pruebas aportadas por los
fiscales que llevan el caso.
“El Ministerio Público no se ha opuesto
por entender que estos han sido pedimentos de derecho y además que es evidente
que el Ministerio Público ha depositado un huracán de pruebas en este proceso,
de hecho, un huracán categoría 5, y es proporcional en consecuencia que la
defensa tenga la oportunidad de revisar este torrente de pruebas que ha
depositado el Ministerio Público”, enfatizó.
Al responder a periodistas que lo
abordaron a la salida de la sala de audiencias, Camacho detalló que solo en
documentación de las evidencias el Ministerio Público entregó al tribunal un
dispositivo con 194 GB en información.
“Imagínense ustedes, es una cantidad
inmensa de documentación que ha aportado el Ministerio Público, demostrando,
una vez más, que nosotros cuando vamos a los tribunales vamos con todas y cada
una de nuestras líneas de investigación blindadas, y este caso igualmente está
blindado con la cantidad de información que ha aportado el Ministerio Público y
eso se verá en el transcurso del conocimiento de esta audiencia”, añadió.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis
Medina Sánchez de pertenecer a un entramado de corrupción que estafó al Estado
con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición
de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras
27 personas físicas imputadas y 21 compañías, el Ministerio Público presentó
acusación el 17 de diciembre del 2021, mediante un voluminoso expediente por
corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
El Ministerio Público también acusa por
este caso a Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos
familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las
Empresas Reformadas (Fonper) para delinquir dentro del entramado de corrupción
del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa,
quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana
Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, director general de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro
Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso presentada por la
Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también
incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien
era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén
y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presenta cargos,
además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L.,
Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus
Electrical S.R.L., entre otras.
El expediente señala que el entramado de
corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras
fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos
de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no
entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la
contratada y pagada por el Estado.
Destaca que llegó a pagar a través de
deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces
ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.
El expediente aporta pruebas de cómo el
entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una
relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a
través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos
políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero.
Describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez, el
gerente operativo del entramado de corrupción, pasó de convertirse de “un
pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por
emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de
múltiples dependencias estatales.
El juez Peguero decidió aplazar la
audiencia a los fines de que sean notificadas las partes en el día de hoy del
escrito de acusación.
Peguero ordenó reiterar las citas a las
personas físicas no comparecientes y jurídicas que no han comparecido el día de
hoy, además otorgó un plazo de tres días al Ministerio Público para que aporte
las direcciones donde estas personas pueden ser localizadas.
Fijó la audiencia preliminar para el 4 de
abril de 2022 y posterior a esta fecha se estará conociendo todos los lunes
subsiguientes hasta que termine el proceso, es decir 11 de abril, 18 de abril,
25 de abril, 2 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo y 30 de mayo. Si posteriormente
a ello se requiere de mayores audiencias se hará otro calendario por
disposición del tribunal.
El juez Peguero dispuso la revisión de la
medida de coerción a los privados de libertad de este caso para el día 21 de
febrero, a las 9:00 de la mañana.
Además ordenó solicitar a la Defensoría
Pública la asignación de un defensor para que asista en su medio de defensa al
imputado Carlos José Alarcón.
La audiencia se extendió por
aproximadamente siete horas y debido a la cantidad de personas involucradas en
el proceso fue celebrada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.