La audiencia de la revisión obligatoria de
las medidas de coerción a los implicados del Caso Medusa se aplazó una vez más
debido a la defensa que rehúye a su conocimiento, aseguró el procurador adjunto
Wilson Camacho, titular de la ProcuradurÃa Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca).
“En el dÃa de hoy, una vez más se ha
aplazado el conocimiento de la revisión obligatoria de Operación Medusa; y una
vez más se aplaza a solicitud de la defensa, que rehúye el conocimiento de esta
audiencia”, expresó Camacho a los periodistas que lo abordaron en el Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva.
La jueza Altagracia RamÃrez de la Cruz,
del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió el pedimento
de las defensas y aplazó para el martes 22 de febrero, a las 11:00 de la mañana,
la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción a varios
de los imputados arrestados a raÃz de la Operación Medusa y que llevó a la
apertura de un expediente encabezado por el ex procurador general Jean Alain
RodrÃguez Sánchez y varios funcionarios de su entorno.
“Nosotros hemos venido listos a cada una
de estas audiencias, estamos listos hoy y estaremos listos el próximo martes,
que ha fijado el tribunal como fecha para conocer esta audiencia”, apuntó
Camacho.
Explicó que los abogados de las defensas
hicieron referencia a un recurso que una de las partes tiene en la corte, “que
le dice al tribunal que va a desistir, pero nosotros no tenemos ninguna
constancia de eso, y por eso nos opusimos en el tribunal, con el interés de que
se conociera la audiencia, pero el tribunal decidió aplazarla para el próximo
martes”.
“Solo voy a decir una cosa sobre ese
particular, cuando se presente la acusación de Operación Medusa se podrá ver
por qué el que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano”, concluyó
Camacho, al responder a uno de los periodistas que le preguntó sobre alegatos
de la defensa de Alain RodrÃguez que, ante los medios informativos, alegan que
el Ministerio Público quiere alargar el proceso.
Además del exprocurador RodrÃguez Sánchez
por el caso también es procesado el exdirector de TecnologÃa de la Información
y la Comunicación de la ProcuradurÃa, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo
Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel RodrÃguez Imbert, quienes cumplen 18
meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de
Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, Rafael Antonio Mercede Marte,
Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto
domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantÃa
económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañÃa
aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
El caso involucra también a Rafael Stefano
Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador RodrÃguez Sánchez, quien fue
arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República
Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se les imputan.
El pasado 29 de octubre el Cuarto Juzgado
de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó las medidas de coerción a
varios imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022,
fecha en que fue aplazada para este viernes en virtud de que la imputada Jenny
Marte Peña se presentó al tribunal sin su defensa.
En el caso de RodrÃguez Sánchez y Forteza
Ibarra le fue ratificada en otra audiencia realizada en diciembre pasado en
virtud de un recurso de apelación que interpusieron ante la Corte de Apelación
del Distrito Nacional y se dispuso la revisión obligatoria para el próximo 19
de marzo.
Según consta en el expediente, los
imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la
ProcuradurÃa General de la República y que, según estimaciones preliminares,
estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación
a los artÃculos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que
describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación
de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al
artÃculo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los
artÃculos 171 y 172 del Código Penal, asà como a los artÃculos 5, 6 y 10 de la
Ley 53-07, sobre CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa, por haber incurrido en
actos de acceso ilÃcito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo,
además, de violación a los artÃculos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador RodrÃguez Sánchez y sus
colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de infringir varios
artÃculos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo.
