AP
Jerusalén
Amnistía
Internacional dijo el martes que Israel ha mantenido “un sistema de opresión y
dominación” sobre los palestinos que se remonta a su establecimiento en 1948 y
que se ajusta a la definición internacional de apartheid.
Con la
publicación de un reporte de 278 páginas compilado durante cuatro años, el
grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Londres se suma a Human
Rights Watch y al grupo israelí B’Tselem en acusar a Israel de apartheid, tanto
dentro de sus fronteras como en los territorios ocupados.
Sus
conclusiones forman parte de un creciente movimiento internacional para
redefinir el conflicto palestino-israelí como una lucha por la igualdad de
derechos en lugar de como una disputa territorial. Esos esfuerzos han ganado
impulso en la década transcurrida desde la paralización del proceso de paz, a
medida que Israel ha consolidado su control sobre los territorios ocupados
alejándose de la idea de un Estado palestino.
Israel
rechaza cualquier acusación de apartheid y acusó a Amnistía Internacional de
deslegitimar su existencia y fomentar el antisemitismo.
Israel
alega que sus ciudadanos árabes tienen igualdad de derechos. Concedió una
autonomía limitada a la Autoridad Palestina en el apogeo del proceso de paz en
la década de 1990, y retiró a sus soldados y colonos de Gaza en 2005.
Pero
Amnistía Internacional y los otros grupos dicen que la propia fragmentación de
los territorios en los que viven los palestinos forma parte de un régimen general
de control diseñado para mantener la hegemonía israelí desde el mar
Mediterráneo hasta el río Jordán.
Señalan
las políticas discriminatorias dentro de Israel y en el este de Jerusalén, el
bloqueo israelí a la Franja de Gaza — que está gobernada por el grupo
insurgente Hamas desde 2007 — y su anexión de facto de Cisjordania, donde
ejerce un control total y está construyendo y ampliando los asentamientos
judíos que la mayoría de la comunidad internacional considera ilegales.
Los
palestinos llevan décadas acusando a Israel de apartheid. La Autoridad
Palestina, que controla partes de Cisjordania y coopera con Israel en materia
de seguridad, dio su visto bueno al informe.
Según
Amnistía Internacional, estas políticas se remontan a la creación de Israel en
1948. Alrededor de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados durante la
guerra árabe-israelí que rodeó a su establecimiento. Eran cerca del 80% de la
población palestina en lo que ahora es Israel. Israel prohibió el regreso de
los refugiados para mantener su mayoría judía.
Los
palestinos que se quedaron en Israel vivieron bajo un régimen militar hasta
poco antes de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel capturó
Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, los territorios que los palestinos
quieren para su futuro Estado.
Hoy día,
los palestinos que viven en Israel tienen la ciudadanía israelí, incluyendo el
derecho al voto, y algunos han llegado a las altas esferas de los negocios, el
derecho, la medicina y el entretenimiento. Pero, en general, enfrentan una
discriminación generalizada en áreas como la búsqueda de empleo y de vivienda.
En Cisjordania viven bajo el dominio militar israelí, mientras que los
residentes en Gaza sufren el asfixiante bloque egipcio-israelí.
Los
palestinos representan alrededor del 20% de los 9,4 millones de habitantes de
Israel. Pero las poblaciones judía y árabe son casi iguales si se incluye a
Gaza y Cisjordania.
“Desde su
creación en 1948, Israel ha seguido una política de establecimiento y
mantenimiento de una hegemonía demográfica judía y de maximización de su
control de la tierra para beneficiar a los israelíes judíos, al tiempo que
restringe los derechos de los palestinos e impide que los refugiados palestinos
regresen a sus casas”, apuntó Amnistía Internacional. “Israel ha ampliado esa
política a Cisjordania y la Franja de Gaza, que ha ocupado desde entonces”.
Israel
rechazó los reportes previos por considerarlos parciales, pero ha adoptado una
postura más beligerante hacia Amnistía Internacional, acusándola de
antisemitismo y de deslegitimar la propia existencia de Israel incluso desde
antes de la publicación de su reporte.
“Su
lenguaje extremista y la distorsión del contexto histórico fueron diseñados
para satanizar a Israel y echar leña al fuego del antisemitismo”, dijo el
Ministerio de Exteriores el lunes.
Agnes
Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, rechazó esas
acusaciones, las cuales calificó como “ataques sin fundamento” y “mentiras
descaradas”. Dijo que Amnistía reconoce al Estado de Israel y denuncia el
antisemitismo, y que las acusaciones en sentido contrario no son “más que un
intento desesperado de eludir el escrutinio (y) desviar la atención de nuestras
conclusiones.”
Estados
Unidos generalmente no comenta sobre reportes de grupos externos, señaló Ned
Price, portavoz del Departamento de Estado, pero dijo que rechaza la postura de
que las acciones de Israel constituyan un apartheid.
Ninguno
de los informes comparó a Israel con el apartheid en Sudáfrica, donde entre
1948 y 1994 estuvo en vigor un sistema basado en el supremacismo blanco y la
segregación racial. En su lugar, evaluaron las políticas israelíes en base a
convenios internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, que define apartheid como “un régimen institucionalizado de
opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre cualquier otro”.
La Corte
Penal Internacional está investigando posibles crímenes de guerra cometidos por
Israel y milicianos palestinos en los últimos años. Después de la guerra en
Gaza del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una comisión
de investigación permanente para revisar los abusos cometidos contra palestinos
en Israel, Cisjordania y Gaza, incluida la “discriminación y represión
sistemática basada en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”.
Una
comisión de este tipo es el órgano de investigación más intrusivo que el
consejo puede crear y, por primera vez, éste recibió un mandato “continuo” o
permanente.
Israel ha
acusado tanto a la Corte Penal Internacional como al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU de tener prejuicios en su contra y de señalarlo mientras
otros países cometen violaciones mucho peores.
Yuval
Shany, miembro del Instituto de la Democracia de Israel y de la Facultad de
Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que es “muy improbable” que
la CPI persiga las acusaciones de apartheid, dadas las complejidades que
conlleva.
Señaló
que la acusación de apartheid es “extrema y bastante infundada” dentro de
Israel, a pesar de que existe discriminación. La situación en los territorios
“es mucho más complicada”.
“Sí hay
elementos que podrían calificar como discriminación, segregación y opresión,
dada la duración de la ocupación”, comentó. Pero “es difícil distinguir entre
las cuestiones que tienen que ver con la política de seguridad, con las
reivindicaciones nacionales en competencia, y lo que es una agenda racista”.
Utilizar
el lenguaje de apartheid es “ir demasiado lejos”, afirmó.
El mes
pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, comentó a los
reporteros que prevé que este año se intensifiquen los esfuerzos para tachar a
Israel de Estado de apartheid, lo que podría llevar a que se le prohíba
participar en eventos deportivos o culturales. Dijo que la reactivación de un
proceso político con los palestinos ayudaría a combatir esos esfuerzos.
El
proceso de paz se detuvo hace más de una década, y el actual primer ministro de
Israel, Naftali Bennett, se opone a la creación de un Estado palestino.
Encabeza una coalición difícil de manejar que incluye miembros más moderados
como Lapid e incluso un pequeño partido árabe.
En parte
debido a sus divisiones internas, el gobierno israelí ha descartado cualquier
iniciativa importante para resolver el conflicto. Pero varios funcionarios de
alto rango, entre ellos Lapid y el ministro de Defensa, Benny Gantz, se han
reunido con líderes palestinos con el objetivo de impulsar la economía
palestina y sentar las bases para las negociaciones en el futuro.
