Siguiendo las directrices del Ministerio de
Salud Pública para la preparación, prevención y control de la COVID-19 en los
centros penitenciarios y otros lugares de detención, la Dirección General de
Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) anunció un cierre parcial en
los recintos carcelarios.
La medida tiene como objetivo
prevenir la propagación de los virus en momentos en que el país registra
elevados contagios por la variante Ómicron, así como de casos de influenza.
La DGSPC informó que, desde
este jueves 6 de enero, y hasta nuevo aviso, suspende las visitas y las
actividades en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Mao, Dajabón y
Monte Plata, mientras la Penitenciaría Nacional de La Victoria continúa con el
cerco epidemiológico.
La Dirección Regional de Salud
Pública continúa aplicando pruebas de antígeno y PCR en La Victoria para
detectar o descartar casos. En la medida que se presentan positivos al
coronavirus son trasladados a Batey Bienvenido para su tratamiento y
recuperación.
En el resto de los recintos, y
hasta tener resultados de las pruebas de COVID-19 que se realizan, quedarán
suspendidas todas las actividades internas y externas, así como las visitas
conyugales y a los menores de 18 años de edad.
En dichos recintos, la DGSPC
mantiene las visitas de abogados y las de familiares se limita a una persona
por cada privado de libertad, durante 45 minutos. En ambos casos deberán
observar el protocolo de bioseguridad y presentar la tarjeta que certifique que
tienen aplicadas al menos dos dosis de vacunas anticovid.
La DGSPC explicó que los casos
de COVID-19 e influenza afectan en estos momentos, entre empleados y privados
de libertad, al menos a 382 personas del Sistema Penitenciario.
Los agentes VTP y administrativos
suman más de 130 con COVID-19, mientras que entre los privados de libertad y el
personal se acumulan hasta el momento 252 casos de síntomas gripales y fiebre,
coincidentes con la gripe estacional denominada influenza.
Desde el inicio de la pandemia
el sistema penitenciario acumula 1,909 casos, de los cuales 429 corresponden al
personal administrativo, de vigilancia y tratamiento.