Como parte del seguimiento al lamentable hecho en el
que resultaron muertos tres privados de libertad y diez heridos en La Victoria,
la magistrada Miriam Germán Brito reiteró, ante los responsables del sistema
penitenciario, su interés en que se determine la forma en que fueron
introducidas las armas de fuego al interior del penal.
“La magistrada Germán Brito, que
da seguimiento de cerca a este hecho, nos reiteró su instrucción para que una
investigación determine, de manera oportuna, la forma en que los internos de La
Victoria pudieron acceder a las armas de fuego”, explicó el responsable de la
Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Germán Brito ha venido
sosteniendo reuniones de trabajo con Hernández Basilio e Hilda Patricia
Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación.
La magistrada lamentó la penosa
situación de dolor por la que atraviesan los familiares de los muertos y de los
heridos. Al mismo tiempo, recordó que, para ser superadas, las problemáticas
que acumulan los recintos carcelarios durante décadas requieren de la voluntad
de toda la sociedad dominicana, así como de los recursos necesarios, dijo
Hernández Basilio.
El titular de la DGSPC comunicó
a la procuradora general que un privado de libertad que asumió la mayor
responsabilidad en la trifulca será trasladado a otro centro, al tiempo que
continúan las pesquisas sobre el hecho violento que comprometió la integridad
de los internos y de los custodias.
Cinco de los heridos recibieron
impactos de bala, igual que los tres fallecidos. Nueve de los afectados fueron
dados de alta desde los tres hospitales que los atendieron y uno continúa en
observación, todos en condición estable.
Luego de
ocurridos los hechos, las autoridades penitenciarias, acompañadas de tres
fiscales y miembros de la Policía, realizaron requisas simultáneas en las
celdas 1 y 2, así como 3 y 4, y ocuparon 23 teléfonos celulares, tres routers
para internet y 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, así
como un total de 119,000 pesos y 21 dólares a seis de los internos del área.
“Debemos reconocer que estos
males en La Victoria tienen mucho que ver con un sistema que históricamente ha
tenido deficiencias estructurales y estamos hablando de un recinto que ahora
tiene una población de más de 7,000 privados de libertad”, dijo Hernández
Basilio.
“Hace un tiempo el Estado inició
la construcción de un recinto en Las Parras, en el municipio Guerra, de la
provincia Santo Domingo, pero ese proyecto, como todos sabemos, forma parte de
un expediente del Ministerio Público y está en proceso de una auditoría por la
Cámara de Cuentas”, añadió.
Adelantó que la Procuraduría
General de la República ha dispuesto una serie de medidas para aplicación
inmediata que buscan adecentar el sistema penitenciario.
