El Instituto Nacional de Protección de los
Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) advirtió que es “ilegal y abusiva” la
práctica de algunos establecimientos comerciales de cobrar comisión o excedente
a los usuarios que pagan con tarjetas de crédito, por lo que anunció que
serán sancionados los negocios que incurran en esa irregularidad en detrimento
de los bolsillos de los consumidores.
El director
ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que a partir del 1 de febrero
estarán realizando operativos para detectar los establecimientos que incurren
en esta irregularidad de cobrar comisión cuando se paga con tarjeta de crédito,
en algunos casos entre el 5% y el 18% por encima del valor total de la compra o
servicio, “para proceder inmediatamente a ser sancionados, incluyendo el riesgo
de ser clausurados de forma temporal o definitiva en caso de reincidencia”.
Sostuvo que esos
comercios violan lo establecido en la Ley 358-05 de protección al consumidor,
“cuya prohibición se consigna en el artículo 87 que señala que los precios no
podrán ser modificados en función del medio de pago utilizado”.
“No vamos a
permitir que ningún consumidor sea timado con cargos indebidos por hacer uso en
los establecimientos de la tarjeta de crédito”, expresó.
Alcántara
manifestó que esa institución viene recibiendo quejas constantes de negocios
que incurren en esta práctica ilícita, arbitraria e injusta en perjuicio de los
consumidores.
El funcionario
precisó que aplicarán sanciones drásticas establecidas por la norma que protege
los derechos de los consumidores a los negocios que se determinen que estén
cobrando comisiones o excedentes por encima del monto total de la compra por el
solo hecho de pagarse con tarjeta de crédito.
El director de Pro
Consumidor exhortó a los consumidores afectados con esta práctica interponer
sus denuncias en la entidad, presentando facturas y comprobante del cargo
a la tarjeta de crédito, lo que dijo servirán como elemento de prueba para
sustentar la reclamación.
Acotó finalmente,
que la misma normativa que crea a la entidad defensora de los consumidores
establece una serie de responsabilidades y obligaciones a cargo de los
proveedores, cuyo incumplimiento se consideran infracciones en materia de
consumo.
