El
procurador adjunto Wilson Camacho consideró correcta y ajustada a la ley la
decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de
declararse incompetente para conocer el recurso de habeas corpus interpuesto
por el general Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), imputado en el Caso
Coral 5G.
“De manera
correcta se declaró incompetente, toda vez que el Juzgado de Atención
Permanente solamente puede conocer de acciones de habeas corpus cuando se trate
de fines de semana o días feriados”, explicó Camacho.
Al responder
preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el titular de
la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca) se refirió a la decisión de la declaración de incompetencia por parte
del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.
Sobre el
proceso, Camacho especificó que fue enviado por ante la Presidencia de la
Cámara Penal, a fin de que se fije la audiencia.
“Este habeas
corpus, a nuestro juicio, ya será conocido cuando se conozca ante el tribunal
competente; de todas maneras, no lleva una razón y eso y es un habeas corpus
hecho al margen del derecho, un ejercicio de temeridad”, dijo a la prensa.
La tarde del
martes la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a otros 12
vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa
Coral 5G y declaró el caso complejo.
La prisión
preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes
Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José
Manuel Rosario Pirón (PN), al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores
(ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
En tanto que
arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda
Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía
Rodríguez Jiménez y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Para el coronel
Carlos Augusto Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez
(ERD), dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
La prisión
preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación
Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El tribunal
control del caso será el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
y la revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 14 de
marzo de 2022.
En el caso del
general Julio Camilo De los Santos Viola, se le conocerá medida de coerción en
otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre
una recusación a la jueza Romero.
En el
transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción
el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos,
títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de
elementos probatorios.
La red de
corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos
4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la
investigación.
El órgano de la
persecución penal ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil
páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la
solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más
de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción
administrativa.
A los oficiales
de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento
unas 125 propiedades.
La Operación
Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las
provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada,
dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho,
responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de
la Pepca.
Estas nuevas
acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la
Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión
preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos
castrenses.
