Wilson Camacho resalta
contundencia y la abundancia de las pruebas para la imposición de la prisión
preventiva solicitada por el Ministerio Público
SANTO DOMINGO,
República Dominicana.- El procurador adjunto
Wilson Camacho destacó la noche de este viernes la contundencia de las pruebas
aportadas por el Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de
coerción contra los imputados del Caso Coral 5G y dijo que son suficientes para
imponer la prisión preventiva solicitada en contra de los encartados.
El Ministerio
Público concluyó este viernes con la presentación de su solicitud de medida de
coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea
declarado de tramitación compleja.
Al destacar los
méritos de las evidencias, el titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expresó: “Nosotros hemos
presentado, por ejemplo, al tribunal 94 testimonios, que es una suma de testimonios
mucho más que suficiente para el conocimiento de una medida de coerción y esos
testimonios dan referencia de cómo funcionaba este entramado que sustraía
dinero del erario”.
Declaró que el
cuerpo de fiscales solicitó al tribunal imponer la prisión preventiva a los
implicados y domiciliaria en el caso de una de las imputadas por la actitud que
asumió, incluso, al admitir los hechos delictivos.
En ese sentido, el
titular de la Pepca destacó que la admisión de los hechos por parte de esa
persona muestra, una vez más, la contundencia de las imputaciones del
Ministerio Público.
En ese caso, dijo
esperar que se imponga arresto domiciliario, mientras para el resto la prisión
preventiva.
“No hay forma de
que con esas evidencias y el resto de evidencias documentales que nosotros
hemos presentado, el tribunal no imponga la medida de coerción que ha
solicitado el Ministerio Público”, recalcó.
El representante
del órgano persecutor destacó la legalidad de las pruebas, al responder
preguntas de la prensa sobre alegatos de la defensa, cuando salía de la sala de
audiencias.
“No ha habido una
sola audiencia en la que nosotros hemos participado que se haya, por ejemplo,
excluido, dejado de valorar ninguna evidencia y eso no ha sucedido, ni va a
suceder porque el Ministerio Público recolecta su evidencia y la ofrece
conforme lo que establece la norma procesal penal”, agregó cuando se le
preguntó sobre planteamientos de la defensa.
“Lo que pasa es
que la defensa algo tiene que decir y ante la contundencia de las evidencias
que tiene el Ministerio Público y ante la abundancia de las evidencias que ha
presentado el Ministerio Público, tienen que decir ese tipo de cosas, que a
todas luces son falacias”, subrayó.
La jueza Kenya
Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito
Nacional, tras concluir con el programa de la audiencia, dispuso su
aplazamiento para el próximo lunes 13 de diciembre, a partir de las 10:00 de la
mañana.
En el proceso el
Ministerio Público ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias
irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la
solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más
de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción
administrativa.
La medida fue
solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio
Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del
capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos
Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura
Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el
teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario
Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez,
César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Después que el
Ministerio Público concluyó, expusieron las defensas de los encartados Torres
Robiou, Guzmán Alcántara, Rodríguez Jiménez, Ramos Ovalle y Ortega Polanco.
En el caso del
general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de
Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
El auto de
solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad,
bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En el proceso
también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz,
coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan
Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
El grupo de
imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario
en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del
Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de
corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos
4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la
investigación.
A los oficiales de
cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento
unas 125 propiedades.
La Operación Coral
5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias
Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los
procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de
la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas
acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la
Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión
preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos
castrenses.
