Yeni Berenice
Reynoso asegura que todo el que tenga responsabilidad penal en un caso será
procesado conforme a las evidencias que tenga el Ministerio Público
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público al disponer este lunes el mantenimiento de la prisión preventiva al exprocurador Jean Alain Rodríguez y al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra.
La procuradora
adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó la fortaleza de los expedientes
instrumentados por el Ministerio Público durante la actual gestión que está
bajo la responsabilidad de la magistrada Miriam Germán Brito.
“Todo el que
tenga responsabilidad penal y el Ministerio Público tenga evidencia será objeto
de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en lo que tenga que
culminar. Eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie”, expresó la
responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Reynoso se
pronunció en esos términos al responder a los periodistas que le preguntaron
sobre algunos alegatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respecto a
la acusación de la Operación Antipulpo, que tiene como principal imputado por
corrupción a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina
Sánchez.
“No creo que se
pueda decir que se haya dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés
políticos no es referirse a la acusación, y (…) este Ministerio Público que
dirige la magistrada Miriam Germán Brito no entra en discusiones políticas”.
“El que quiera
discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos”, sostuvo,
al dejar claro que todavía el tribunal no notifica la acusación del Caso Pulpo
a las partes.
“El que quiere
discutir con el Ministerio Público, que busque buenos abogados, porque nuestra
acusación está blindada. Nada de lo que se dijo en la acusación se dijo sin tener
pruebas”, sostuvo Reynoso.
“Entonces, como
no se han referido a la acusación, porque no la han leído, no la han visto, no
la han hojeado, las cuestiones políticas que las respondan los políticos. Y
como no se ha dicho nada de la acusación de los hechos gravísimos que nosotros
hemos probado, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada que
responder”, enfatizó en sus respuestas a la prensa.
Respecto al
Caso Medusa, la jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, dispuso el mantenimiento en prisión de
Rodríguez y Forteza durante la revisión obligatoria de la medida de coerción de
prisión preventiva por 18 meses que cumplen en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La jueza
Vásquez dispuso la próxima revisión obligatoria para el 19 de marzo de 2022.
En el caso
figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y
Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José
Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en
modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de
salida y presentación periódica.
Por este caso,
Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez
Sánchez, fue arrestado en España y el Ministerio Público ya hizo el trámite de
la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con
el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que
operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones
preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano
acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y
405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios,
prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También,
enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que
tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal,
así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o
alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio
Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley
488-06, sobre Soborno.
El exprocurador
Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo,
de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y
el Financiamiento del Terrorismo.
