La procuradora general resalta que con esa partida el órgano de justicia podrá cumplir su planificación estratégica y reforzar la persecución penal contra la corrupción y otros delitos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Para
llevar a cabo su planificación estratégica, desarrollar sus proyectos de fortalecimiento
institucional y reforzar la persecución penal contra la corrupción
administrativa y otros delitos, el Ministerio Público amerita de un presupuesto
mínimo de 10 mil 500 millones de pesos para el año 2022.
Así se lo hizo saber la magistrada Miriam
Germán Brito, procuradora general de la República, a los legisladores, durante
una visita a la Comisión Bilateral del Congreso que estudia el Proyecto de Ley
de Presupuesto de Gastos Públicos para el venidero año.
La procuradora general indicó que “son de todos
conocidas las precariedades que pasa” el órgano responsable de la política
penal y de la persecución de crímenes y delitos. Al respecto, agregó: “Aunque
hasta ahora hemos tenido apoyo en las extremas necesidades” se hace necesario
un incremento de los recursos asignados “con el objetivo de lograr un
fortalecimiento institucional y la reestructuración del Ministerio Público”.
Germán Brito expuso a los congresistas, junto a
su equipo técnico, los cuatro grandes ejes de su planificación estratégica.
Detalló que el tope presupuestario asignado por
el Gobierno al Ministerio Público, tal como figura en el Sistema de Información
de la Gestión Financiera (SIGEF), se establece en RD$8,399,310,777, razón por
la que el órgano solicitó al Ministerio de Hacienda un incremento de
RD$2,105,070,792, con lo que ascendería a 10,504,381,569.
Aunque la actual gestión entiende, sin embargo,
las limitaciones que pudiera imponer la pandemia de la COVID-19 a todos los
países, República Dominicana hará los esfuerzos requeridos para seguir
fortaleciendo el Ministerio Público.
Sobre la planificación estratégica para 2022,
la máxima representante del Ministerio Público explicó que se sustenta en
cuatro ejes, que consisten en fortalecer la gestión institucional, desarrollar
una efectiva persecución penal con altos estándares técnicos y de calidad, habilitar
la infraestructura física, de tecnología de información y de operaciones y
servicios, y optimizar el cumplimiento de las normativas legales del Ministerio
Público, del Sistema Penitenciario y del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses.
En los aspectos administrativos, resaltó entre
los principales compromisos, el pago del convenio de suministro de alimentos a
los centros penitenciarios del país, del 22 de diciembre de 2020, y el
seguimiento a los programas establecidos por la Ley No. 133-11, Orgánica del
Ministerio Público.
Al responder preguntas de la comisión
bicameral, la directora general administrativa del Ministerio Público, Vilma
Pérez Díaz, explicó que en el monto de los 8 mil 500 millones asignados en la
propuesta de presupuesto del Gobierno están ya incluidos los recursos de
captación directa por los servicios que presta la institución, con un estimado
de lo que recibiría por ese concepto en 2022, de modo que los recursos
provenientes del Ministerio de Hacienda serían menores.
Pérez Díaz resaltó que, aún con el aumento
esperado, la institución quedaría por debajo del 1.44% del Presupuesto Nacional
que le corresponde por ley.
Pérez Díaz indicó que con el incremento de más
de dos mil millones de pesos la institución podrá desarrollar los procesos de
transformación que la harán “más transparente, más funcional y de cara a los
nuevos tiempos”.
