El procurador
adjunto Wilson Camacho aseguró la noche de este lunes que durante el
conocimiento de la medida de coerción al general Julio Camilo De los Santos
Viola (FARD), vinculado a actos de corrupción en el Caso Goral 5G, fueron
presentadas pruebas más que suficientes para su envío a prisión como solicitó
el Ministerio Público.
“Uno de los
elementos que toma en cuenta el legislador en el Código Procesal Penal es el
propio comportamiento del imputado en el proceso; y no ha habido un
comportamiento que demuestra mayor interés en no querer que se conozca el
proceso, que el del imputado Viola”, dijo el titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Al hacer la
afirmación, destacó “que el encartado presentó dos hábeas corpus y tres
recusaciones, y que en el día de hoy se presentó la tercera recusación, fueron
al Tribunal Constitucional, pusieron una querella en contra de una jueza y
desplegaron una campaña difamatoria en contra de jueces, fiscales y la Cámara
de Cuentas”.
Camacho señaló
que ese comportamiento deja muy claro el interés del imputado en evitar que se
conozca su proceso. “A esto se suma la gravedad de los hechos que se le
imputan, como desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, que junto
al daño que debe ser resarcido y las pruebas que presentó el Ministerio Público
en este proceso, en derecho, lo que procede es que se imponga como medida de
coerción la que hemos solicitado, que es prisión preventiva”, refirió.
Recordó que el
proceso tiene más de 15,000 pruebas en sentido general y destacó que este lunes
se presentaron las pruebas que correspondían exclusivamente al imputado De los
Santos Viola, que dijo son más que suficientes para que el tribunal imponga la
medida de coerción que han solicitado.
“Presentamos
pruebas de los bienes que tiene este imputado, bienes que no puede justificar
con el salario que ha devengado en el tiempo que ha estado en los cuerpos
castrenses; presentamos bienes, por ejemplo de un inmueble, que incluso, es un
bien incautado que este ha usufructuado como propio y que ha pretendido
apropiarse de otras pruebas que hemos presentado en su contra”, agregó.
Camacho habló
sobre el proceso con periodistas que también los cuestionaron sobre
planteamientos hechos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en torno
a la acusación presentada en el Caso Pulpo, sobre lo cual respondió en forma
enfática: “Nosotros presentamos una acusación. La presentamos en el tribunal.
Para opinar sobre esta acusación, lo primero que habría que hacer es leerla, si
no se lee no hay forma de opinar sobre esta acusación”.
“Ahora, una
cosa: nosotros no hablamos por hablar, no hacemos ninguna afirmación, sino
tenemos la evidencia de ella; si nosotros decimos que la yegua es parda, es
porque tenemos los pelos en las manos”, dijo, al ser abordado por los
periodistas mientras salía de audiencia en en el Palacio de Justicia de Ciudad
Nueva.
Al concluir la
jornada, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, que conoce la audiencia de medida de coerción
del general De los Santos Viola, se reservó el fallo para este martes, a las
2:00 de la tarde.
El Ministerio
Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado
complejo.
La pasada
semana la jueza Romero impuso medidas de coerción a 12 vinculados por el
Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G, incluyendo a
los también generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Juan Carlos Torres Robiou
(FARD), así como a otros altos oficiales del cuerpo del orden.
Los oficiales
cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo
Hombres, en la provincia San Cristóbal.
En el transcurso
de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el
Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos
de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de
elementos probatorios.
La red de
corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos
4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la
investigación.
Junto a la
solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más
de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción
administrativa.
A los oficiales
de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento
unas 125 propiedades.
La Operación
Coral 5G se ejecutó con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y las
provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada,
dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho,
responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la
Pepca.
Estas acciones
contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación
Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18
meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
