Santo Domingo, RD
La tarjeta de vacunación contra el coronavirus, ese pedazo de cartón con
el logo de la Presidencia de la República Dominicana, del Programa Ampliado de
Inmunización (Pai), con un código de barras, pero carente de un código de
rápida lectura (QR), y de otras facilidades que permita a cualquier ciudadano
determinar que los datos contenidos en ellas corresponden a la persona que la porta,
puede prestarse para su falsificación.
Es evidente la fragilidad en una tarjeta que desde este lunes será
requerida en los lugares públicos cerrados, en empresas, bancos comerciales,
escuelas, transporte público y otros. Pero… ni lo intente, pues esta infracción
conlleva penas de hasta diez años de prisión.
Al igual que en otras naciones como Estados Unidos, por ejemplo, que
castiga con 5 años de prisión a los estafadores que venden la tarjeta a los no
vacunados, en República Dominicana la pena puede llegar hasta diez años.
El abogado Carlos Salcedo nos explica: “La tarjeta de vacunación es
un acto, una escritura pública en tanto es emitida por el Ministerio de
Salud Pública, por lo tanto calificando como una escritura pública, toda
falsedad cometida por cualquier persona en esa escritura pública, en ese
acto que emana del Ministerio de Salud Pública, califica como una falsedad en
escritura pública y por lo tanto como contiene una disposición en el fondo y
que conllevan obligaciones de ellos, además de prerrogativas que es la
contraportada, son castigadas con la pena de tres a diez años de reclusión
mayor”.
El jurista entiende que la autoridad del Ministerio Público debe
imponerse aquí y desde el momento en que encuentren cualquier persona que
falsifique una tarjeta de vacunas, deberá someterla “para que se respete
inmediatamente la vigilancia, la coordinación general que tiene el Ministerio
de Salud Pública para la defensa de la salud y la sanidad en la República
Dominicana, a propósito del Covid-19, la pandemia que tan duro nos ha dado a
nosotros en el país”.
Una persona guarda prisión por este delito
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo
impuso tres meses de prisión preventiva, en julio pasado, a un joven acusado
de falsificar y vender tarjetas de vacunación del COVID-19, a 500 pesos.
Se trata de Anthony Esterlín Martínez Sánchez, quien presuntamente
confeccionaba las tarjetas en un estudio de fotografía del sector Valiente, de
Boca Chica.
Se le atribuye la calificación jurídica provisional contenida en
la Ley 42-01 sobre Salud Pública, así como los artículos 147, 148, 150 y 151
del Código Penal y el Reglamento 1138-03, para la Habilitación de
Establecimientos y Servicios de Salud.
La fragilidad de la tarjeta
Es evidente la fragilidad de la tarjeta, y los pocos mecanismos que
tendrán los lugares para determinar la autenticidad de las mismas, aunque Salud
Pública informó que desplegará 1,200 inspectores para observar el cumplimiento
de las nuevas medidas anticovid contenidas en la resolución 00048, que dispone
que todos los mayores de 12 años tendrán que presentar su tarjeta de vacunación
para entrar a los lugares antes mencionados, o una prueba de covid negativa.
Salud Pública no debe publicar la tarjeta en blanco
Paradójicamente y ante lo fácil que aparenta ser falsificar una tarjeta
de vacunación, para detener el covid que a la fecha ha provocado la muerte a
4,084 personas, el mismo órgano rector publica en sus redes sociales una
fotografía de la tarjeta en blanco y con todos los logos a color, para informar
los pasos requeridos para buscar un duplicado en caso de pérdida.
Por:
Deyanira Polanco: para listín diario
