SANTO
DOMINDO. A partir de hoy entra en vigencia la disposición del Ministerio de
Salud Pública que obliga presentar la tarjeta de vacunación para acceder a
lugares de uso público y al transporte.
La nueva norma sanitaria se
da en momentos en que en el país se reportan 7,587 casos de COVID-19 activos,
una ocupación en cuidados intensivos de un 37% y más de cinco millones de
personas inoculadas.
La resolución es un nuevo
intento de las autoridades de Salud por incentivar la vacunación de los
ciudadanos y frenar la propagación del COVID-19 que en las últimas semanas ha
mostrado una tendencia al alza de los casos.
Solo ayer se reportaron 751 casos nuevos
de COVID-19 y tres defunciones por la enfermedad.
En los
primeros 15 días de octubre el país ha registrado 10,194 nuevos positivos, casi
el triple de los reportados en el mismo período de septiembre, cuando se
registraron 3,654 contagios.
De
acuerdo con la resolución la tarjeta vacunación debe constar con por lo menos
dos dosis de la vacuna; sin embargo, el Ministro de Salud, Daniel Rivera,
aclaró que se debe permitir el acceso a estos espacios a los que se pusieron la
primera dosis en octubre.
Reacciones
La
medida, que fue anunciada el viernes ocho de este mes, encontró defensores y
detractores y ha contribuido a impulsar los niveles de vacunación en el país,
que desde hace unos meses se habían rezagado.
Entre las
organizaciones que apoyan la medida se encuentra el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (Conep), que consideró que esta decisión puede acelerar el
retorno del país a la normalidad.
Dirigentes
choferiles de la capital y de Santiago se mostraron a favor de la exigencia de
la tarjeta de vacunas contra el COVID-19 a todos los pasajeros, pero creen que
el Estado no tiene la logística para hacerla cumplir.
El
presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William
Pérez Figuereo, consideró que nunca es bueno imponer, pero entiende que esta
exigencia impactará en la incidencia de la enfermedad.
Antonio
Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte
(Conatra), que ya había planteado la necesidad de esta medida, afirmó que para
cumplir la disposición se deben instalar centros de vacunación en todas las
terminales de autobuses y que se cree una institución represiva con militares.
Recurso
de amparo
Pero no
todos están a favor de la resolución. Algunos grupos consideran que violenta
los derechos humanos y viola la Constitución, como opinan los abogados Yan
Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbi Castro, quienes elevaron un recuso de
amparo contra el Gobierno.
El
recurso será conocido de urgencia este martes ante el Tribunal Superior
Administrativo.
Declaración
pública
A través
de una declaración pública, ciudadanos de diversos sectores políticos, sociales
y nacionales, desaprobaron la decisión pues a su entender “afecta de modo
severo, en forma injustificada e irrazonable, derechos y libertades
fundamentales del pueblo dominicano”.
El pasado
jueves grupos antivacunas llevaron su expresión de indignación frente al
Palacio Nacional y exigieron al presidente Luis Abinader revocar las medidas
contra los que no han querido inyectarse.
El doctor
Eddy Samuel Méndez , uno de los manifestantes, dijo que la vacuna anticovid
afecta el ADN de las personas y que se han reportado casos de muertes,
problemas del corazón y esterilidad.
Víctor Reyes, otro de los indignados, mencionó que científicos de prestigio sugieren no vacunarse, porque, según dijo, los fármacos tienen dióxido de grafeno, magnesio y que las farmacéuticas están haciendo un genocidio.
