SANTO DOMINGO
(República Dominicana).-La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso
calificó como un intento de manipulación de la opinión pública el
comportamiento que exhibe el exprocurador Jean Alain Rodríguez al insistir en
un proceso judicial abierto, cuando habla para el público y los medios de
comunicación, mientras mantiene una postura contraria en el tribunal ante el
que debe responder por las imputaciones de corrupción, lavado de activos y
otros delitos.
“Lo que pasa es que ese imputado tiene doble
discurso: dice hacia afuera que quiere los medios de comunicación, pero en la
audiencia nunca se ha solicitado”, aseguró la titular de la Dirección General
de Persecución del Ministerio Público.
“Tal y como ha sido su comportamiento, de decir una
cosa y hacer otra, él está siendo coherente con relación al tema de la prensa.
Ese es un tema que no se ha solicitado. Y de hecho, su abogado ha fijado
postura sobre ese tema”, dijo Reynoso, al ser abordada por los periodistas que
cubren la medida de coerción contra Rodríguez y los demás imputados en el Caso
Medusa.
Recordó que el Ministerio Público también fijó su
postura al plantear su disposición de conocer la medida ya sea en privado o en
una audiencia abierta. Insistió en que el exprocurador “está jugando a una
manipulación de la opinión pública con relación a ese tema”.
En relación con los argumentos de algunos de los
implicados, sostuvo que “la imputación del Ministerio Público y sus pruebas han
resultado imbatibles para la defensa”.
“Fíjense que una defensa ha querido justificar un
contrato fraudulento, donde se robó hasta la identidad de personas, con dos
fotos y una guía”. Calificó ese hecho como absurdo. “Pero la defensa dirá que
tiene que hacer su trabajo y, ante tantas evidencias, ante la contundencia de
las imputaciones, realmente la defensa ha resultado muy difícil e imposible
tener argumentos de derecho y por eso decimos que pareciese que necesita que el
Ministerio Público les regale un mapa, para que los abogados puedan rebatir las
cientos de pruebas aportadas por el Ministerio Público.
Explicó que existen cientos de pruebas que corroboran los testimonios y resaltó la claridad de esas pruebas, aunque al parecer, sostuvo, la defensa no ha tenido tiempo de leerlas.
Reynoso, quien estuvo acompañado de un equipo de
fiscales de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), enfatizó: “Nos hemos pasado estos días escuchando de
parte de la defensa argumentos sin fundamentos en derecho y que, en modo
alguno, ni siquiera rozan las imputaciones del Ministerio Público”.
Reynoso indicó que la citada asociación estafó al
Estado con más de 6,000 millones de pesos y llamó la atención de que en la
cárcel construida para alojar privados de libertad de La Victoria los
ingenieros estructuralistas consultados por el Ministerio Público plantean que
existen lotes, como el número 4, en los que no se deben alojar internos porque
pueden venirse abajo.
“Esas son de las gravedades que tiene este proceso,
aquí nos colocaron a la institución en una situación de tal gravedad, que en
algunos distritos judiciales se hacían examen ginecológicos con fundas
plásticas, porque ni siquiera los guantes se le suministraban al personal”,
resaltó, al evidenciar las carencias por las que pasó el Ministerio Público
mientras los involucrados en el Caso Medusa distraían sus fondos.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó hasta el próximo
lunes, a las 10:00 de la mañana, la continuación del conocimiento de la medida
de coerción, donde expondrán sus argumentos las defensas del exprocurador
Rodríguez, de Jonnathan Josel Rodríguez Imbert y de Alfredo Alexander Solano
Augusto, quienes no pudieron presentar sus alegatos este sábado.
El Ministerio Público, que expuso el expediente
acusatorio, con más de 5,800 páginas de pruebas, ha solicitado 18 meses de
prisión preventiva para todos los imputados y la declaratoria de complejidad
del proceso.
En la acusación contra este entramado corrupto,
además del exprocurador Rodríguez, Rodríguez Imbert y Solano Augusto, figuran
como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Rafael Stefano
Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Altagracia
Guillén Calzado.
Según la acusación, los implicados integraron una
red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la
República.
El órgano de justicia les imputa la violación a los
artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y
sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de
malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentarán, además, cargos de infracción al
artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los
artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la
Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en
actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El expediente presentado por el Ministerio Público
este jueves también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley
488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
