El expediente acusatorio indica que los encartados habían instalado geolocalizadores imantados para dar seguimiento a las víctimas
SANTO DOMINGO
(República Dominicana).- La Fiscalía del
Distrito Nacional informó que quedó fijada para el próximo martes 13 de julio
la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Mario Rafael Bretón,
Luis Elías Cornelio Torres y Carlos De Jesús Minier, imputados de intentar
secuestrar a dos empresarios dominicanos.
A través de un comunicado de prensa, el órgano
acusador indicó que en primer momento la vista estaba fijada para este viernes
9, pero fue aplazada debido a una solicitud que hiciera la barra de la defensa
a la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente.
El expediente, preparado por el Departamento de
Investigaciones de Homicidios de la Fiscalía del Distrito Nacional, relata que
el ex alférez de fragata de la Armada Dominicana Mario Rafael Bretón Santana,
el excoronel de la Policía Nacional Luis Elías Cornelio Torres y el excapitán
de la Policía Nacional Carlos de Jesús Minier son investigados por el
seguimiento y vigilancia contra dos empresarios dominicanos, con fines de
secuestrarlos y pedir un rescate.
La instancia también narra que los imputados
instalaron dispositivos imantados de geolocalización satelital (GPS) en los
vehículos en que se transportaban las víctimas, a los fines de conocer su
ubicación y así facilitar los planes del secuestro.
El Departamento de Investigaciones de Homicidios de
la Fiscalía del Distrito Nacional indicó que los exoficiales fueron arrestados
en flagrante delito mientras tomaban fotos y enviaban ubicaciones de sus
víctimas por vía telefónica.
Luego de evaluar las circunstancias y condiciones
de los encartados, el Ministerio Público solicita sea impuesta la medida de
coerción consistente en prisión preventiva, ya que no ofrecen garantía para
presentarse a los actos del procedimiento, en razón de que no cuentan con el
arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
El órgano persecutor le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 337 y 2 del Código Penal Dominicano y violación a los artículos 1,2,3 de la Ley 583-70 sobre secuestro.