SANTO DOMINGO
(República Dominicana). La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso
reafirmó este lunes la decisión del Ministerio Público de evitar que se
beneficien de “privilegios irritantes” los militares y policías implicados del
Caso Coral, enviados a prisión por sustraer del erario millones de pesos que
debieron ser destinados a los verdaderos servidores públicos de los cuerpos
armados.
“Es una solicitud que la magistrada acogió conforme
a derecho”, dijo Reynoso, al referirse al envío de los procesados, encabezados
por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, al Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo Hombres.
“La Constitución dominicana no establece que los
militares y los policías deben cumplir la medida privativa de libertad en un
centro especial”, sostuvo, al responder a los periodistas que preguntaron si
los procesados debían ir a un recinto carcelario militar o policial, como el
Comando de Operaciones Especiales.
“Nosotros entendemos, en ese sentido, que la jueza
(Kenya Romero) dio una decisión conforme al derecho”, dijo la titular de la
Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas
no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o
militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”,
indicó.
Sostuvo, además, que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir, “todo acto de corrupción cometido por quien sea”, al referirse a otros implicados en el Caso Coral y que tendrán que enfrentarse a los tribunales en el futuro.
“El Ministerio Público no va a distinguir, y no puede distinguir, en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límites es la Constitución y las leyes, no hay ningún otro”, enfatizó.
“Esas han sido las instrucciones de la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo, en todos los centros de investigación que tiene, su único límite es la Constitución y las leyes”.
De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca), llamó la atención sobre el hecho de que el general Cáceres Silvestre y
la estructura de corrupción que operó en su entorno sustrajeron fondos públicos
que “debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres
que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército” y que cumplen con su deber
en esos cuerpos de protección ciudadana y seguridad nacional.
“Un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de
policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho
a un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar
parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a sus bolsillos”,
deploró.
“Ese es un hecho grave en este caso y son cosas de las que el
Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de
estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro”, añadió Camacho.
Sostuvo que el dinero que los ciudadanos aportan como
contribuyentes al erario debe ser utilizado correctamente. “Y el que no lo
utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a
responder por sus hechos”, dijo.
El titular de la Pepca aseguró que el Ministerio Público sigue
trabajando para desmontar completamente la estructura de corrupción enfrentada
con la Operación Coral. “Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público
encuentre evidencias de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos, que,
repito, debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres
que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército”, sostuvo Camacho.
La jueza Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, acogió el pedimento del Ministerio Público y
otorgó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al mayor general
Cáceres Silvestre, así como a los imputados Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y
al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa.
También, al coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de
la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En el caso de la pastora deberá cumplir la medida en el Centro de
Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Los involucrados en el caso,
estableció la jueza, presentan peligro de fuga, así como, de trasiego y manejo
de información.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez,
guardará la medida de “arresto domiciliario” en una ubicación que el Ministerio
Público tendrá conocimiento bajo estricta confidencialidad.
La medida cautelar impuesta será revisada el 10 de agosto de este
2021, conforme al marco jurídico dominicano.
El mayor General Adán Cáceres Silvestre dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que instaló un mecanismo para sustraer fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
