Destaca que una documentación contundente servirá para castigar a los
responsables de defraudar al Estado con sumas millonarias
SANTO DOMINGO
(República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró
la madrugada de este viernes que el Ministerio Público tiene todas las
evidencias de las confesiones realizadas durante el conocimiento de la medida
de coerción del Caso Coral por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien
expuso al tribunal, en forma amplia y detallada, cómo operaba la red de
corrupción que distrajo millones de pesos de los contribuyentes.
El imputado Girón Jiménez hizo uso de su derecho a
declarar, durante la audiencia que se conoce en la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en la que expuso cómo
operaba la red delictiva que tenía entre sus cabezas al mayor general Adán
Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como las acciones
ejecutadas de manera particular por cada uno de los imputados y las maniobras
utilizadas para desfalcar al Estado con el manejo fraudulento de las nóminas de
entidades castrenses.
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo
desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep),
principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones
que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e
inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la
red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con
maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael
Núñez de Aza.
El imputado describió los procedimientos
fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir
bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de
cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas
contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado
en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de
corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió
el Cestur.
Mientras ofrecía los detalles del entramado de
corrupción, dijo que el Ministerio Público cuenta con las pruebas con las que
podrán confirmar todos los hechos, incluyendo nóminas, diferentes
documentos y mensajes de WhatsApp sobre órdenes directas y transacciones
bancarias.
Al concluir su amplia exposición sobre las
actividades de la organización, responsabilizó a los imputados y a otras
personas, incluyendo a miembros de las citadas entidades de seguridad, sobre
cualquier atentado contra su integridad física y la de su familia.
Al salir de la audiencia, que entró en receso hasta
las 2:00 de la tarde de este viernes, el titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson
Camacho, detalló que todo el contenido de la declaración de Girón Jiménez se
encuentra debidamente documentada.
“El Ministerio Público tiene las evidencias de
todas las afirmaciones que ha hecho Girón en este proceso y esas evidencias son
las que le han dado la seguridad al Ministerio Público de decir todo el tiempo
que tiene un caso construido y en el que la defensa no tiene ninguna
oportunidad”, dijo.
Destacó que esas evidencias son contundentes para
procurar justicia y castigar a los responsables de defraudar al Estado con
millones de pesos.
Camacho precisó que Girón Jiménez ha colaborado con
las autoridades, tras indicar que todo el que colabore con una
investigación del Ministerio Público tendrá toda la seguridad que sea necesaria
para garantizar su integridad física y las de sus familiares.
Camacho encabeza, junto a la directora general de
Persecución del Ministerio Público, la procuradora adjunta Yeni Berenice
Reynoso, el equipo que representa al Ministerio Público en la audiencia.
Además, forman parte los fiscales Marinel Brea,
Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y
Miguel Collado.
El pasado miércoles, luego de presentar la
solicitud de medida de coerción el Ministerio Público concluyó pidiendo que
sean impuestos 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso
seguido en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez (La
Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la
religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Girón Jiménez y el sargento
de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación
de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios,
falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos
de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia
para este jueves a la 1:00 de la tarde.
Por más de 12 horas la jueza Romero escuchó a los
abogados defensores y a los imputados que hicieron uso de su derecho a la
declarar, procediendo nueva vez a ordenar un receso hasta las 2:00 de la tarde
de este viernes 7 de mayo.
En la continuación de la audiencia será escuchado
el abogado del imputado Girón Jiménez y posteriormente los fiscales que
representan al Ministerio Público.
Los imputados en el Caso Coral fueron apresados el pasado mes de abril durante 27 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y diferentes provincias del país.
