Félix Verdejo en el momento que fue citado por la policía el viernes.
Magistrada
federal Camille Vélez Rivé denegó fianza debido a la naturaleza
El púgil Félix Yomar Verdejo permanecerá ingresado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Guaynabo, luego de que la magistrada Camille Vélez Rivé denegó concederle fianza, “debido a la naturaleza y circunstancias de este caso” relacionado con el asesinato de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.
Vélez
Rivé acogió la petición del fiscal Jonathan Gottfried, quien solicitó la
detención del deportista.
El
atleta compareció esta mañana a la vista inicial, tras entregarse a las
autoridades anoche. La audiencia fue celebrada de forma virtual, luego de que
Verdejo consintió que fuera realizada de esa forma. Verdejo se encontraba en
MDC.
Durante la audiencia, la
magistrada le informó los cargos que pesan en su contra: secuestro que resultó en muerte, carjacking que resultó en muerte
y matar a un niño no nacido. Por cada uno de los cargos se
expone a cadena perpetua, a la pena de muerte, a multas de hasta $250 mil y a
cinco años de libertad supervisada.
La
magistrada indicó que como este es un caso elegible a la pena de muerte,
Verdejo tiene derecho a que la corte le asigne abogados expertos en este
castigo.
Vélez
Rivé no señaló la vista preliminar y de fianza, debido a que Laura Maldonado,
quien representa al deportista junto a José Fernando Irizarry, le pidió que
primero, se nombre el abogado experto en casos de pena capital.
Maldonado indicó que su cliente
renuncia a los términos establecidos para la celebración de la vista preliminar
y de fianza, pendiente de la designación del abogado experto.
El
fiscal Gottfried objetó que la corte designara un abogado del panel por entender
que Verdejo cuenta con los recursos económicos para costear su defensa.
A
lo que Maldonado argumentó que si la corte determina que el acusado tiene los
recursos económicos, puede hacer un reembolso. No obstante, observó que el
tribunal tiene la discreción de evaluar las circunstancias económicas del
acusado.
La
magistrada le concedió a la Oficina del Defensor Público federal hasta hoy a
las 5:30 p.m. presentar los nombres de los abogados expertos en pena capital.
Irizarry fue contratado por el
púgil. Mientras, que Maldonado, quien integra el panel de abogados del Tribunal
Federal, fue asignada por la corte.
La fiscalía federal tiene 30 días para llevar el caso ante el gran jurado. Se espera que el gran jurado sesione en los próximos días. De ser acusado por ese panel, la vista preliminar se torna académica.
Fuente: el Vocero de Puerto Rico