SANTO DOMINGO
(República Dominicana).- El Ministerio Público procedió este
miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el mayor
general Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros cuatro
involucrados en el Caso Coral, calificado como un entramado de “corrupción en
las entrañas del poder”.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán
Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner
Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada. También el coronel policial
Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada
Alejandro José Montero Cruz.
Contra el grupo el Ministerio Público solicita a la
jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Distrito Nacional, que le imponga un año de prisión preventiva y que
declare el proceso de tramitación compleja.
El magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que
es un caso que muestra la corrupción en las entrañas del poder.
“En la medida en que este tribunal pueda tener contacto con las
personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el
Ministerio Público les imputa estará en condición de verificar por qué decimos
que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder”, detalló.
Dijo que los imputados crearon un entramado militar y policial con
el interés de depredar el erario.
El equipo que representa al órgano acusador lo encabezan la
directora general de Persecución del Ministerio Público y el titular Pepca,
Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Además, forman parte los fiscales
Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez
Fulcar y Miguel Collado.
El Ministerio Público indicó que contra los procesados pesan
acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano,
coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de
activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas
de fuego.
El órgano de justicia destacó que los procesados utilizaron sus
funciones y su poder en sus actividades delictivas.
Los imputados fueron arrestados el pasado mes de abril en el
transcurso de 27 allanamientos realizados en el Gran Santo Domingo y varias
provincias del país, en los que las autoridades ocuparon bienes inmuebles y
otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.
La audiencia había sido aplazada en dos ocasiones a solicitud de
los abogados defensores de los imputados. La pasada semana fue suspendida luego
de que el abogado Félix Portes, quien representa al coronel Núñez de Aza, recusara
a la jueza Kenya Romero. Posteriormente, la Corte de Apelación del Distrito
Nacional decidió que continuara con el conocimiento de la audiencia que fue
fijada para este miércoles.
La juez Romero ordenó un receso de la audiencia hasta las 3:00 de
la tarde.
