La defensa técnica aportó documentos alterados que constituyen un
“fraude procesal”
SANTO DOMINGO
(República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso
afirmó este viernes que son más que suficientes las evidencias con que cuenta
el Ministerio Público para que se imponga medidas de coerción en contra de los
procesados por su vinculación a la red de corrupción desmantelada el pasado mes
de abril con la Operación Coral.
El Ministerio Público solicitó a la juez de la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional,
Kenya Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria
de complejo del caso que siguen en contra del mayor general Adán Cáceres
Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).
También, contra el cabo policial Tanner Antonio
Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y
el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra
el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. No obstante, luego que el imputado
declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red
de corrupción que distrajo millones de pesos del erario, el Ministerio Público
decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.
La directora general de Persecución del Ministerio
Público dijo que esas pruebas que han presentado, sustentan hechos que son
sumamente graves.
“El Ministerio Público, incluso, decía en el
tribunal y reitera que todas las declaraciones que dio Raúl Girón el Ministerio
Público tiene pruebas en sus manos”, dijo a periodistas a la salida del
tribunal, luego que fuera aplazada la audiencia para dar el fallo el próximo
lunes.
Detalló que en el transcurso de las horas han ido
observando y analizando las evidencias, “y, quizás, o sin quizás: es uno
de los casos que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y hemos
dicho que en su debido momento la iremos presentando”.
Con relación a preguntas de la prensa, sobre si
hubo negociación con el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez a propósito de
sus declaraciones, la magistrada Reynoso explicó que el Ministerio Público en
el transcurso de una investigación aplica las medidas procesales que el Código
Procesal Penal les permite que sean aplicadas.
En ese sentido, resaltó que el Ministerio Público
hizo uso de esas medidas procesales.
En torno a preguntas relacionadas a
cuestionamientos de los imputados a las pruebas, dijo que “los imputados pueden
decir lo que quieran, pero las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos
los archivos, las fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”.
Reynoso precisó que el Ministerio Público presenta
las pruebas conforme a la estrategia del caso.
Respecto a la variación de la medida para Girón,
declaró que la medida solicitada es la que se corresponde con la
responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el
proceso.
La procuradora adjunta reiteró que de todas las afirmaciones
(hechas por el imputado) tienen las pruebas.
De su lado, el titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson
Camacho, quien también respondió preguntas de periodistas que cubren el proceso,
dijo que los documentos que la defensa aportó en esta medida de coerción no son
más que un “fraude procesal”.
El propio imputado Girón Jiménez confesó al
tribunal que los imputados se auxiliaron de abogados para alterar documentos
luego de que el Ministerio Público iniciara la investigación.
Los magistrados Reynoso y Camacho encabezan el
equipo que representa al Ministerio Público en el proceso. Además, forman parte
los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano,
Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación
de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios,
falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de
corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el pasado miércoles
aplazó la audiencia para el jueves a la 1:00 de la tarde.
En la audiencia del jueves la jueza Romero escuchó
a los abogados defensores y a los imputados que hicieron uso de su derecho a la
declarar, procediendo nueva vez a ordenar un receso hasta las 2:00 de la tarde
de este viernes 7 de mayo.
En la continuación de la audiencia este viernes
declararon los miembros del Ministerio Público, imputados y el abogado defensor
de Girón. Luego la juez Romero aplazó la audiencia para dar el fallo el próximo
lunes 10 de mayo, a las 11:00 de la mañana.
Los imputados en el Caso Coral fueron apresados el
pasado mes de abril durante 27 allanamientos simultáneos en el Distrito
Nacional y diferentes provincias del país.
Sobre las declaraciones de Girón
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo
desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep),
principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones
que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e
inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la
red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con
maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael
Núñez de Aza.
El encartado describió los procedimientos
fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir
bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de
cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas
contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado
en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de
corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió
el Cestur.
