El magistrado Víctor Zúñiga concluyó que el pedido del fiscal José Domingo Pérez era “desproporcional”.
El
juez Víctor Zúñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez
para suspender las actividades políticas de Fuerza Popular (FP), que lidera Kiko
Fujimori, al considerar que aplicar esa medida es “desproporcional”.
Uno de los argumentos de Pérez para requerir la
suspensión era que FP seguía siendo dirigido por la cúpula que, en las campañas
del 2011 y 2016, habrían cometido el delito de lavado de activos al percibir
aportes ilícitos de la empresa Odebrecht y otras compañías sin declarar esos
ingresos.
Al respecto, Zúñiga sustentó que apartar al partido de las elecciones
sería “afectar el derecho de participación política” de los militantes que no
son sindicados de pertenecer a la red criminal que encabezaría Fujimori.
Asimismo, el magistrado determinó que no existe peligro
concreto que demuestre que “continúe” instrumentalización de la organización
política para fines delictivos.
“(...) a
diferencia de un caso de minería ilegal, la suspensión de actividades de la
persona jurídica que se habría constituido para ese fin parece una medida
proporcional y justificada porque todas sus actividades constituyen la
materialización del delito. Sin embargo, no todas las actividades políticas del
partido político Fuerza Popular han sido utilizadas para la comisión del
presunto delito de lavado de activos”, se lee en la resolución a la que accedió Perú21.
Como tercera conclusión,
el juez indica que el partido naranja se debe someter a una “vigilancia
judicial” por dos años. Y se basa en el artículo 313.1.d) del Código Procesal
Penal para tomar esa decisión. “Es una medida que permitiría obtener certeza
sobre la transparencia en el manejo de los recursos económicos de la
organización política Fuerza Popular”, señala.
El titular del Cuarto
Juzgado de Investigación Preparatoria indicó que FP tendrá que remitirle la
situación actual de las deudas que mantiene con las diferentes entidades de
prensa, televisiva, radial o de otro tipo; la manera en la que se proyecta
ejecutar el pago de todas las deudas pendientes; y una lista de los recursos
económicos que se han obtenido para la presente campaña electoral y su fuente.
Esa información deberá
ser presentado al juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
“Esta medida tendrá una
duración de dos años, considerando que el Ministerio Público, al momento de
requerir la suspensión de actividades políticas, solicitó una duración de 2
años y 6 meses; sin embargo, a la fecha, ya han transcurrido 6 meses desde esa
solicitud”, indica el documento.
De esta manera, Fuerza
Popular se mantiene en carrera para las elecciones generales del 2021, comicios
que representan el tercer intento de Fujimori Higuchi de llegar a la
Presidencia de la República.
Desde el Ministerio Público indicaron a
este diario que se presentará la apelación “lo más pronto posible”.
Fuente: Perú 21
